Hubo manifestaciones en distintos puntos de la provincia en reclamo de aumentos salariales.

El acuerdo salarial alcanzado por el personal policial sublevado y el Gobierno local pareció ponerle paños fríos a la crisis que sacudió a Misiones durante 13 días. Sin embargo, se trata solamente de uno de los tantos frentes que el oficialismo tiene abiertos. Este jueves, docentes y trabajadores de la salud, entre otros empleados de la administración pública, continuaban motorizando medidas de fuerza a lo largo y ancho de la provincia.

Después de casi dos semanas de tensión, los uniformados y la gestión del gobernador Hugo Passalacqua rubricaron un entendimiento para llevar el salario inicial de un agente a $520.000. Además, el documento incluye el levantamiento de sanciones para quienes hayan participado de las manifestaciones y una convocatoria para reunirse nuevamente a mediados de julio con el objetivo de evaluar la evolución de los sueldos.

«Va a ser una de las policías mejor pagas del país gracias a todos los policías, penitenciarios y familiares que estuvimos en el acampe frente al Comando Radioeléctrico N°1 durante 13 días. Esto fue un logro de los que pusieron el rostro y la presencia en la movilización», detalló Ramón Amarilla, uno de los voceros de la protesta. A la vez, alertó que, en caso de sufrir «alguna persecución o maltrato», los policías deben denunciarlo, ya que violaría el acuerdo alcanzado con el gobierno misionero.

Misiones: docentes mantienen protestas y el conflicto no cede

No obstante, pese a la fumata blanca en esa pulseada, los reclamos se mantienen a la orden del día en otras áreas. Este jueves, docentes realizaron cortes de ruta en las localidades de San José, Cerro Cora, Aristóbulo del Valle y San Vicente. También mantenían el acampe en la intersección de las avenidas Uruguay y Trincheras de San José, de la capital provincial.

En ese marco, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) denunció que 12 integrantes del colectivo recibieron un oficio por «delito a la Honorable Cámara de Representantes» y una prohibición de acercamiento a 200 metros del edificio bajo la pena de detención, luego de que manifestantes y gendarmes protagonizaran incidentes la semana pasada en las afueras de la Legislatura local, mientras se sesionaba en la Cámara de Diputados.

El oficialismo, en tanto, también moverá sus fichas. Este jueves, el Frente Renovador de la Concordia (FRC) convocó a una movilización en la explanada de la Cámara de Representantes a partir de las 16 horas. «#30M, por la paz, te esperamos» es el lema que la militancia del FRC circuló por las redes sociales y que el propio gobernador Passalacqua exhibió en su cuenta de X. Lo propio hizo su vice, Lucas Romero Spinelli.

Una vez finalizado el conflicto policial, el Gobierno misionero publicó un comunicado destacando que será el cuarto aumento salarial en cinco meses que percibirán los uniformados. «Seguiremos reuniéndonos y dialogando a lo largo de las semanas y los meses, como siempre lo hemos hecho, con todos los sectores sociales y de la economía, para llevar la mejor solución posible», asegura el texto publicado en la web.

Los docentes tenían planeado movilizar a la Legislatura, pero suspendieron la marcha para evitar choques con la convocatoria oficial. Desde sus filas acusaron al Estado de recurrir a «militancia rentada» y de «apretar» a trabajadores del sector público para que asistan al encuentro.

Al respecto, la secretaria adjunta de la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones (UNDAM), Norma Rzesniowiecki, dijo a Ámbito: «Saben que están perdiendo el poder y buscan deslegitimar la lucha de todo el sector público con esta supuesta convocatoria a su favor, pero el pueblo está cansado los trabajadores distintos sectores llenamos las calles con nuestra reivindicaciones desde hace meses».

En esa línea, agregó que «el costo que implica semejante movilización de la militancia renovadora es altísimo y no sale de los bolsillos de los dirigentes que lo convocan, sino de este pueblo hambreado que hoy da muestra de valentía al enfrentar a quienes lo someten». «El Gobierno moviliza por la paz, pero el docente no es violento. La convocatoria del gobierno es por la paz, la democracia y la libertad. Nosotros contestamos que paz va a haber cuando tengamos salarios dignos, porque propiciar el hambre con salarios miserables es violencia», concluyó.

Una crisis política con impacto nacional

La crisis misionera expuso la cara más cruenta del plan motosierra y desnudó una realidad: más allá de los alcances operativos que la coyuntura requiere, los acuerdos de Nación con las provincias no garantizan la paz social. Que la primera revuelta de la presidencia de Javier Milei haya llegado desde un distrito aliado a la Casa Rosada es una señal más que preocupante. La administración libertaria, al no contar con gobernadores propios, depende de apoyos prestados para garantizar territorialidad y agenda legislativa.

Más allá de las implicancias locales, el hecho fue observado por lupa por otros gobernadores, que temen un efecto contagio en sus jurisdicciones. En Buenos Aires, por ejemplo, comenzaron a gestarse convocatorias de expolicías y agentes exonerados para manifestarse en reclamo de mejoras salariales ante la administración de Axel Kicillof. En La Plata tomaron nota y no solo aumentaron un 7,5% los sueldos, sino que también dispusieron subas en adicionales y extras.

El pacto rubricado en abril pasado por el hoy jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el hombre todopoderoso de Misiones, Carlos Rovira, pareció tambalear. El conflicto con los uniformados, que rápidamente se extendió a otras áreas del sector público, no solo inquietó por la sensibilidad que conlleva perder el control de la calle, sino también porque La Libertad Avanza (LLA) contabiliza a ese sector de la sociedad como parte de su electorado.

Al calor de la revuelta, Nación se limitó a conformar un comité de crisis a cargo de Patricia Bullrich para brindar asistencia con gendarmes y prefectos. Cabe recordar que por ser una zona de frontera, la provincia ya cuenta con numeroso personal de ambas fuerzas.

Resta saber, entonces, cuál es la profundidad del acuerdo entre los renovadores y el Gobierno. El mes próximo, el Senado finalmente tratara la ley Bases y el paquete fiscal. En Balcarce 50 contabilizaban como positivos los votos de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, los dos senadores misioneros que responden a la administración de Passalacqua, tutelada a su vez por Rovira. Será una prueba de fuego para conocer el alcance de las crisis provinciales.