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“Cuando la propia ley es una invitación a delinquir o a financiarse con dinero negro, esto genera mafiosidad; esa atmósfera que se crea entre mafia y Estado, concretamente cuando no hay controles cruzados”, explicó el activista social y titular de la Fundación La Alameda

Para el activista social y titular de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, el vínculo entre política y crimen organizado es más profundo de lo que muchos imaginan: “Cuando la propia ley es una invitación a delinquir o a financiarse con dinero negro, esto genera mafiosidad; esa atmósfera que se crea entre mafia y Estado, concretamente cuando no hay controles cruzados”. Vera advirtió que, mientras se permite el ingreso de dinero clandestino a la política, resulta prácticamente imposible implementar políticas serias de prevención del narcotráfico y de contención en los barrios más vulnerables. “Nuestro presidente ha desmantelado todas las políticas públicas de lucha contra la trata, todas las que tenían que ver con acompañamiento terapéutico, las que tenían que ver con acompañamiento patrocinio jurídico gratuito, las que tenían que ver con acompañamiento de ayuda económica, con este capacitación y reacción laboral, lo que era el fondo de reparación de víctima, ha destruido todas las políticas de trata”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Gustavo Vera docente político y activista social. Fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires entre 2013 y 2017. Entre 2020 y 2024 fue director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas bajo la gestión de Alberto Fernández. Es el titular y fundador de la Fundación La Alameda, que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el narcotráfico y el lavado de dinero.

Gustavo me contaba recién que en el interior es bastante común que chicas aparezcan durante todo el fin de semana en fiestas que organizan personas que les pagan dinero, que luego vuelven un poco mareadas a sus casas con dinero. Y que, simplemente, en este caso es algo que sucede muy habitualmente.

Acá es como que hay tres factores que se están combinando. Por un lado, el crecimiento de la pobreza, la vulnerabilidad, la falta de horizonte laboral para la juventud y particularmente para las mujeres. En segundo lugar, la mutación del crimen organizado al ámbito virtual, que permite un contacto fluido con sectores vulnerables de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y, por otro lado, el crecimiento del narcomenudeo como microestados en la periferia de los municipios, a consecuencia del derrumbe de las alternativas de contención, por decir algún modo: clubes sociales, comedores, merenderos. Más allá de que algunos tuvieran prácticas clientelares o no, ahí había cierta contención organizada, que ahora prácticamente ha sido desmantelada. Esto lo estamos constatando en todos los municipios, sobre todo del interior; de alguna manera, es un estado que «se retira”, y el narcomenudeo da pasos agigantados.

Narcomenudeo que no es más que un pequeño brazo del gran narco, que ya está instalado fuertemente en nuestro país y hace que Argentina, hace muchos años, sea uno de los principales exportadores de estupefacientes: el principal de Sudamérica y uno de los principales de Latinoamérica. Esto, según datos de Naciones Unidas y organismos multilaterales.

Gustavo, me decías también que ni siquiera está legislado, por ejemplo, otras formas de trata que produce la virtualidad, donde adolescentes que quedan endeudados por juegos virtuales luego terminan vendiendo sus imágenes a grupos de pedófilos y eso ni siquiera está legislado. La explotación sexual virtual a distancia tampoco está legislada.

Sí, hay fallos que empezaron a producirse en el fuero federal, algunos que están sentando jurisprudencia; hay uno en Capital, particularmente. Pero esto todavía no está legislado. Tampoco está legislada la surrogación de vientre; tampoco está legislada la tipificación de la compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes. Tenemos una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2012: uno de los pocos países de América Latina que no tiene tipificado el delito de compra y venta de pibes, que obviamente puede ser para adopción ilegal, pedofilia, pediatría o cualquier cosa. Sesenta proyectos pasaron por el Congreso, que durmieron el sueño de los justos. Esto indica que evidentemente hay presiones muy fuertes por el negocio clandestino de las adopciones ilegales y, además, ahora se le suman otros negocios un poco más macabros.

Y en el caso especial de este triple crimen, y nuevamente apoyando tu experiencia y conocimiento, ¿qué conjetura tenés?

Nosotros aportamos al Ministerio de Seguridad porque, en el barrio donde vivían las tres chicas, como en Flores, se sabía que había un vínculo entre algunas de estas chicas y esta banda que regentea en Flores. Flores la conozco bien, porque, como sabrás, en el pasado hicimos mapas del delito junto con los vecinos; hicimos Anuncias Flores, Floresta, en Liniers, en Recoleta, un montón de barrios donde armábamos mapas del delito, hacíamos movilizaciones y llevábamos los casos a la justicia. También, en el barrio de Ciudad Evita, de La Tablada, teníamos información de que se corría el rumor de que una de estas chicas o alguna llegada de estas chicas había robado algo de alguno de los capos narcos que andaban por la zona. Y de alguna manera, se esperaba una especie de vendeta.

Yo esto lo avisé, obviamente, oportunamente, inmediatamente al Ministerio de Seguridad, que lo tomó; a ellos también les llegaba la misma versión porque en el barrio se hablaba del tema. Ellas no eran conscientes; todo el barrio hablaba de que se esperaba una vendeta y ellas no se imaginaban que iban a ser víctimas de esa vendeta. A veces se confunde la virtualidad con la realidad; ahí es uno de los problemas que tienen hoy los jóvenes y los niños, niñas y adolescentes. El mundo real y el mundo virtual se parecen, pero no son iguales.

Más allá de esto, ha ocurrido un crimen atroz. Se sabía que podía haber una vendeta. Yo no lo supe una semana antes; lo supe el lunes, cuando me puse a averiguar a partir de la información de la desaparición; las fiscalías ordinarias suelen tener cierta lentitud los fines de semana. Eso es un problema grave, ya no es tanto responsabilidad de la policía de la provincia, respecto al tema de las 24-48 horas, que no deberían existir. Las 24-48 horas son clave, son el horario central donde hay que buscar, y si hay desaparición de un menor, eso implica sistema de búsqueda de personas, alerta Sofía, línea 145, intervención de Protex.

Bueno, todo esto lamentablemente se hizo a destiempo. Después, cuando el fiscal dio instrucciones, se actuó rápidamente, pero hay un tema de encuadramiento: esto es un delito federal. Estamos hablando de la desaparición de una menor bajo engaño, que además será explotada sexualmente, donde está implicado el narcotráfico; por eso tendría que intervenir la Justicia Federal. El mismo día de la denuncia tendría que haberse activado la alerta Sofía. Pero, bueno, ahora ya estamos con este hecho.

¿Qué marca este hecho? Podría haber ocurrido tanto en la provincia de Buenos Aires como en Córdoba, como en Capital, como en Rosario. No es un hecho específico de una jurisdicción determinada; tiene que ver con la penetración masiva del narcomenudeo en la periferia de los barrios. Además, cuando presidí la Comisión Especial de Trata en la Legislatura porteña, presentamos un laboratorio de cocaína en la 1 11 14, un informe muy extenso publicado incluso en Perfil y otros medios, donde informábamos cómo operaban todas las ramificaciones de la banda de Marcos Estrada, obviamente de la cual después surgieron varias aristas.

Ahora, esas bandas no son “banditas”; son desprendimientos de un gran narcos, están íntimamente ligadas. Tratar de separar el narcomenudeo del narcotráfico en la investigación judicial solo descuartiza la investigación que tiene que ser integral, como lo es el crimen organizado. Y tenemos que tener soluciones integrales, que no solo tengan que ver con la persecución penal, sino también con oportunidades laborales y, de alguna manera, con la creación de comunidad organizada de contención en cada barrio. Esto es lo que tenemos que encarar con la mayor seriedad posible.

Ahora, es difícil encararlo cuando tenés un sistema de financiamiento de la política oficial legal que es una mentira, es una hipocresía. Nadie te lo va a decir, porque el que lo dice queda fuera de toda lista. Pero bueno, nosotros teníamos un sistema muy sano: los partidos políticos, cuando cae la dictadura, adoptan el sistema francés, puramente estatal, con lo básico para intervenir en elecciones. Nuestras elecciones fueron 83, 85, 87, 89, 91; nos hicieron bajo ese sistema y no tuvimos una sola denuncia de corrupción vinculada a campañas electorales, porque era todo financiamiento estatal.

En 1991-1992, en la época de Menem, deciden privatizar o semiprivatizar el sistema de financiamiento de campañas; hacen un sistema mixto, donde una parte es estatal y otra privada. En realidad, cualquier partido va a reconocer que lo que da el Estado alcanza solo para una semana, y el tope de recaudación privada alcanza para dos semanas. Nadie te va a decir, salvo el Alconada Mon, que ser intendente de Rosario significa una campaña de 3 millones de dólares. ¿De dónde la sacás? Entonces, cuando la propia ley es una invitación a delinquir o a financiarse con dinero negro, a lavar activos o a tener relaciones promiscuas con el crimen organizado, esto complejiza la cuestión porque genera lo que los italianos llamaban “mafiosidad”: esa atmósfera que se crea entre mafia y Estado, concretamente cuando no hay controles cruzados.

Nuestro presidente dice que, entre Estado y mafia, prefiere la mafia.

Bueno, él tendrá que explicar de dónde sacó los 110 millones de dólares que financiaron su campaña. Estamos en un problema grave porque además, descarnadamente nuestro presidente ha desmantelado todas las políticas públicas de lucha contra la trata: las que tenían que ver con acompañamiento terapéutico, patrocinio jurídico gratuito, ayuda económica, capacitación y reinserción laboral, fondo de reparación de víctimas, todo destruido.

Tal es así que Estados Unidos, que hace una evaluación anual a través del Departamento de Estado, tiene una oficina de monitoreo contra la trata. Es el primer año que no sale el informe, porque no saben cómo arreglar con sus amigos un problema evidente: se ha derrumbado aquí todas las políticas de contención y lucha contra la trata. Se ha planteado que la Afip no debe seguir la ruta del dinero. Prácticamente se ha desalentado la división contra el trabajo ilegal de la Afip; se ha desarmado el Comité Ejecutivo, el Consejo Federal, y se lo ha puesto bajo la órbita de la policía, lo cual es volver a los tiempos prehistóricos, donde el zorro cuidaba al gallinero. Las consecuencias son absolutamente nefastas.

Cuando hay un allanamiento por trata laboral o sexual, las víctimas no quieren retirarse del infierno, porque prefieren el infierno a la nada que les ofrece el Estado. No hay ninguna política que genere reconstrucción de horizonte de vida o esperanza, como la había en el gobierno anterior, que mantuvo continuidad año tras año. Esto se reflejó en las calificaciones internacionales de Naciones Unidas, etc. Ahora asistimos a un derrumbe generalizado.

Los asesores del presidente, los llamados “Jaimitos” —empezando con Jaime Durán Barba, luego Santiago Caputo, llamaban en esa época a Macri y a su jefe de gabinete, Marcos Peña, “comunista”. Así que podemos tener claro cuál es la postura.

Además, hay que tener presente que estamos hablando del crecimiento del narcotráfico y su penetración en los barrios, los microestados narcos, generados al calor de la vulnerabilidad y la falta de financiamiento del Estado y de políticas públicas. En el narco macro, el que exporta en gran escala al exterior, hay una disputa por la hidrovía; los amigos de Santiago Caputo quieren esa disputa. Hay una disputa fuerte, impugnada, entre dos bandas, porque salen granos contrabandeados para Paraguay y viene marihuana para los puertos de San Lorenzo. Lo sabe todo el mundo, cobran peaje.

Hay también disputa por el espacio aerocomercial, que se la queda un señor que viene de los servicios de inteligencia y se hizo millonario de un día para otro; nadie sabe de dónde sacó su fortuna. Por otro lado, está la disputa por el correo, no ya por la causa del correo, sino por el correo mismo. Y, por otro lado, ridículamente, el alambrado de 200 metros en la frontera de Bermejo, Tartagal, Agua Blanca, que si conocoes el lugar territorialmente sabe que todo el mundo se ríe a carcajadas. En un país con 9.000 km de frontera, y mucha frontera porosa, se necesita multicontrol y funcionarios con autoridad moral y sin condicionamientos previos. Cuando llegás con una campaña electoral condicionada por sectores vinculados al narcotráfico, lavado de activos o crimen organizado, después estás atado.

RM