El fallo del juez federal Walter Lara Correa busca «garantizar el derecho a la alimentación» de los sectores más vulnerables de la población. Además, le indicó al Gobierno que depure el padrón del ReNaCoM.

La Justicia ordenó este jueves al Gobierno de Javier Milei continuar con los planes de entrega de alimentos a comedores y merenderos de todo el país «a los efectos de garantizar el derecho a la alimentación».

En su fallo, el juez federal Walter Lara Correa dejó en claro que no avanza sobre las facultades del Poder Ejecutivo ni ordena la aplicación de un programa que no estuviera presupuestado. Además, le indicó al Gobierno que depure el padrón del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM).

«Es importante subrayar que no se está ordenando un gasto no presupuestado o se esté modificando la programación presupuestal definida por el Legislador. Tampoco se está delineando una política, definiendo nuevas prioridades, o modificando la política diseñada» por el Departamento Legislativo y puesta en marcha por el Poder Ejecutivo Nacional», señala el fallo de Lara Correa.

El texto remarca que «el principio de legalidad ordena al Congreso de la Nación a confeccionar, discutir y aprobar el presupuesto mediante el cual autoriza los gastos en las distintas ramas del Estado y, luego el Poder Ejecutivo Nacional administra y ejecuta dicho presupuesto».

Además, el juez destaca el «reconocimiento del derecho a la alimentación» y señala que los comedores y/o merenderos constituyen «instrumentos para la satisfacción del derecho» en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Vale recordar que hay dos procesos judiciales abiertos contra Pettovello a raíz de denuncias realizadas por la UTEP. Uno de ellos es en el fuero penal, donde es investigada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad, donde los jueces de primera instancia, Cámara de Apelaciones y Cámara de Casación Penal coincidieron en que Capital Humano debía repartir la comida.

El otro es en el fuero contencioso administrativo donde el juez Lara Correa ya había dado lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría oficial en la que piden «asegurar de una manera eficaz y sustentable el derecho a la alimentación adecuada del colectivo representado » y «ordene al Ministerio de Capital Humano que continúe con los planes y programas denunciados como política pública para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes, que asegure su efectiva ejecución evitando cualquier dilación, interrupción o recorte sustancial de la prestación alimentaria por cuestiones ajenas a las pautas fijadas por las leyes y resoluciones vigentes hasta tanto se dirima la cuestión de fondo del presente constitucional».

LA JUSTICIA TAMBIÉN ORDENÓ A PAGAR POTENCIAR TRABAJO

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes emitió el martes un fallo contra el gobierno de Javier Milei por haber dado de baja a cientos de trabajadores del plan Potenciar Trabajo. Desde el Ministerio de Capital Humano habían afirmado que se trataban de personas cuyos altas en el programa presentaban irregularidades, lo que fue desestimado por la justicia.

El fallo obliga al Gobierno a pagarle a los trabajadores cuatro meses del programa Potenciar, con intereses, por los meses que van desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024 inclusive. Además, se considera que los amparistas están en una situación de “alta vulnerabilidad social y económica”, revocó la decisión previa del juez Juan Carlos Vallejos y beneficia a ocho familias. Sin embargo, el abogado de los damnificados Juan Manuel Cubilla Podestá adelantó que tiene más demandas pendientes que representan a cerca de 100 correntinos. «Es la primera condena de fondo que reciben Milei y Pettovello en todo su el país y estamos haciendo justicia», afirmó el abogado al sostener que se trata de un fallo histórico contra «un Gobierno que provoca dificultades económicas para la población».

El abogado señaló que los jueces confirmaron que Milei y Pettovello «mintieron» al decir que los afectados eran empleados públicos. «Estos 500 correntinos son trabajadores informales de distintos rubros, como construcción, carpintería, costura y limpieza, quienes habían recibido el Potenciar Trabajo entre 2022 y 2023», manifestó.

Por último, Cubilla Podestá destacó que el fallo reconoce la deuda social con intereses y remarcó que la «falta de sensibilidad del gobierno hacia la dignidad humana» tuvo una respuesta por parte de la justicia.

Fuente: politicargentina.com