En agosto pasado fue condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad, tras una investigación por privaciones ilegales contra 37 personas, de las cuales ocho fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.

   

Apocos días de cumplirse un nuevo aniversario del último golpe de Estado en nuestro país, los hijos de Rocío Ángela Martínez Borbolla, una de las víctimas de la denominada «Masacre de la imprenta San Andrés», se enteraron de un fallo a favor de uno de los militares que habían sido condenados a prisión perpetua por lo ocurrido la noche del 13 de junio de 1976, en manos de un grupo de tareas de la dictadura.

En diálogo con cronica.com.ar, expresaron su indignación por el revés judicial, considerado un retroceso en la lucha por justicia: es que Martín Sánchez Zinny, encontrado culpable de crímenes de lesa humanidad, fue beneficiado con salidas transitorias los fines de semana por parte de los mismos jueces del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, Luciano Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Florencia Landajo, quienes lo habían condenado en agosto de 2022.

La última disposición judicial, conocida recientemente, ya había sido concretada en septiembre pasado, aunque «a espaldas» de la familia de la víctima, que se enteraron de esto en la previa de un nuevo 24 de marzo, una jornada emblemática en materia de derechos humanos. Anteriormente, el represor había sido beneficiado con la prisión domiciliaria.

«No me sirven los homenajes por el 24 de marzo si los genocidas están libres, no quiero más homenajes», expresó Barbara García, hija de la víctima del caso, y testigo clave del juicio, junto a su hermano Camilo García. Ambos tenían 9 y 4 años respectivamente, cuando un grupo de militares del Regimiento de Infantería Mecanizada N.º 6 de Mercedes realizaron un feróz operativo en busca de militantes del ERP/PRT y de la Juventud Guevarista y el Partido Socialista de los Trabajadores.

Bárbara logró reconocer en 2017, luego de ser citada por el Juez Daniel Rafecas, al represor y ex carapintada Sánchez Zinny, como partícipe del secuestro de su madre la noche en que irrumpieron en su casa para llevársela, pero él la acusó de falso testimonio, lo que obligó a la mujer a pasar al programa de testigos protegidos, ya que temía por alguna represalia contra ella.

A pesar de la corta de edad de ella y su hermano, la testigo recordó que los acusados los trataron como «terroristas», durante la noche que se llevaron a su madre. «Jugaban con nosotros con la vida y la muerte. Sánchez Zinny estaba eufórico, no tengo dudas de que su intención era matarnos ahí mismo, pero no se lo dejaron», indicó.

Esta teoría habría sido confirmada por el mismo Sánchez Zinny al momento de ser juzgado, cuando reconoció ante todos los presentes en la sala donde se desarrollaba el juicio. «Tenía que haberlos matado, mi más grave error fue haberlos dejado vivos. Tenían sangre terrorista», habría manifestado.

Según contó Barbara a este medio, el argumento de la Justicia para otorgarle las salidas transitorias serían que sería el único capaz de sacar a pasear a uno de sus siete hijos, que tiene Trastorno del Espectro Autista.

El secuestro y desaparición forzada de Martínez Borbolla
Martínez Borbolla fue secuestrada por un comando militar que irrumpió en su casa, en un barrio de casas de obreros de la localidad bonaerense de Haedo, mientras se encontraba en el lugar con Bárbara y Camilo.

«A mí me dieron un culatazo de escopeta , porque me trepaba en la cama para defender a mi hermano», recordó Barbara sobre aquel horror, que agregó: «A mi hermano incluso se lo querían llevar, porque era muy chiquito, y les parecía bonito».

Martínez Borbolla era maestra, fue delegada del gremio de docentes CTERA en la zona oeste, y en su casa se editaba la revista “El Combatiente”.

El testimonio clave de un conscripto en el juicio
Por el testimonio de un conscripto que realizó en 1976 el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Infantería de Mercedes, se pudo llegar a abrir en 2012 una investigación contra los militares que formaron parte de esos operativos, contra militantes del ERP/PRT y de la Juventud Guevarista y el Partido Socialista de los Trabajadores.

Además de Sánchez Zinny, la causa contaba con más imputados: Emilio Pedro Morello y Horacio Linari fueron también condenados a perpetua por crímenes de lesa humanidad, mientras que Luis Alberto Brun y Rubén Osmar Andrade fueron absueltos.