La intención es que 200.000 beneficiarios consigan empleo formal en empresas de hasta 100 trabajadores.

   

El ministro de Economía, Sergio Massa, tiene listo un decreto que contempla un “puente” para que 200.000 beneficiarios de planes consigan empleo formal en empresas de hasta 100 trabajadores. La iniciativa ya había sido presentada por el ahora titular de Hacienda en el Congreso el año pasado y es similar a otra que tomó el Gobierno a finales de 2021. Esta semana las universidades pondrán en marcha los preparativos para una revisión del Potenciar Trabajo en la Provincia de Buenos Aires.

La medida de Massa será establecida a través de un DNU “para darle mayor seguridad jurídica”, según comentaron en Economía. La misma contempla que los titulares de estos programas que sean contratados, y además cumplan con la capacitación o cursos de formación establecidos, seguirán percibiendo las prestaciones por un año como parte de su sueldo y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio. Pasado ese plazo, “podrán decidir si mantiene el plan o elige el puesto de trabajo formal con todos los beneficios que esto supone”.

Este “Puente al Empleo”, según lo definió el Palacio de Hacienda, apunta a incorporar 200.000 trabajadores de la economía social. Los empleadores apuntados serán los de hasta 100 empleados, el 98% del total según los últimos datos disponibles. 

“Este programa permite avanzar en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal, como ser trabajadores del citrus, arándano, construcción, trabajadores rurales, tabaco y demás economías regionales”, explicaron en Economía. 

Entre los analistas, recuerdan que la iniciativa actual es muy parecida al decreto 771/2021,  que ordenaba a los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo a modificar sus programas de formación, empleo e intermediación en incentivos de contratación. También hubo distintos acuerdos con cámaras sectoriales, como construcción e industria textil, que no tuvieron éxito.

«No es que van a salir a buscar más gente por esto. No hay una demanda de empleo tan importante. La empresa va a elegir entre contratar a alguien que aplicó a un aviso o a un beneficiario», comentaron desde una importante casa de estudios.

En su primera conferencia de prensa como ministro de Economía, Massa anticipó que a partir de esta semana comenzaría una política de “reordenamiento de los planes sociales durante los próximos 12 meses”. Habló que habría tres ejes sobre los que giraría dicha estrategia: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad.

La auditoría estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que tuvo conversaciones esta semana con los municipios de la primera y tercera sección electoral bonaerense. “Quién no la cumpla, recibirá la suspensión del plan”, había advertido el ministro de Economía.

Por tanto, a partir de esta semana la UBA y la UTN comenzarán a capacitar a los estudiantes que llevarán adelante, la otra semana, los relevamientos en la provincia de Buenos Aires sobre la aplicación del Potenciar Trabajo. El programa tiene casi 1,3 millones de beneficiarios que perciben la mitad de un salario mínimo, es decir casi $24.000, a cambio de una contraprestación laboral de 20 horas semanales que puede darse en municipios, unidades de gestión, o cooperativas.

La crisis laboral y la aceleración inflacionaria golpea más duro a los sectores de menores ingresos y más vulnerables. Según la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), “ese universo está conformado por 5 millones de trabajadorxs que se desempeñan en la llamada economía popular, la cual comprende siete grandes ramas: tareas de cuidado, trabajo sociocomunitario, pequeña construcción, pequeña manufactura (principalmente textil), producción de alimento, reciclado y venta en espacio público”.

De esas 5 millones de personas trabajadoras, 1,3 millones son beneficiarios de los llamados “planes sociales” y 3,7 millones están inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Un informe del departamento de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Unsam precisó que de ese total, el 98% se encuentra bajo la línea de pobreza (el 68% son pobres y el 30%, indigentes).