Declarado en rebeldía y buscado por Interpol, hasta el momento la justicia de Uruguay no posibilitó su extradición. Está acusado de perseguir a políticos, magistrados, fiscales y empresarios opositores.

   

Este lunes 4 de septiembre se cumplen 1.000 días desde que se profugó de la justicia argentina Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, el operador y cerebro de la Mesa Judicial que montó el gobierno de Cambiemos durante la presidencia de Mauricio Macri para perseguir a políticos, magistrados, fiscales y empresarios opositores, entre ellos a los directivos del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Con el avance de las distintas causas que investigaban el rol de Rodríguez Simón en el entramado de persecución judicial que se vivió entre 2015 y 2019, el 8 de diciembre de 2020 decidió irse del país para radicarse en Uruguay.

Tiempo después, la jueza federal María Servini lo citó a prestar declaración indagatoria en la causa denominada «mesa judicial» bajo la sospecha de que Rodríguez Simón había sido participe de la intimidación y el hostigamiento a los dueños del grupo Indalo con el objetivo de quedarse con sus empresas. La convocatoria de la jueza surgió luego de que se constataran las pruebas que daban cuenta que «habían existido reuniones y llamadas» que coincidían con otros testimonios de la causa.

En ese expediente se investiga «la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos», que llevaron a cabo «hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo».

El 17 de mayo de 2021 «Pepín» optó por no regresar al país y pidió asilo político a Uruguay para no compadecer ante la justicia argentina. Dos días después, Servini decidió declararlo en rebeldía. “Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia”, sostuvo la magistrada. El 21 de septiembre la Interpol elevó un alerta roja para dar con su paradero. A pesar de esta situación, el operador judicial de Mauricio Macri decidió seguir prófugo.

De todos modos, el caso Rodríguez Simón ya generaba controversia incluso en la región y el 4 abril de 2022, cuando asistió a un encuentro del Parlasur que se realizó en Uruguay tuvo que retirarse al ser abucheado por legisladores de distintos países. En varias oportunidades, integrantes Parlamento del Mercosur intentarían aprobar el cese de su mandato, acción que fracasaría al no contar con el quorum necesario. Sin embargo, legisladores de los distintos países firmaron un proyecto de declaración instando a «Pepín» a presentarse a declarar ante la jueza Servini.

Pero la vida «normal» no exenta de ciertos lujos de «Pepín» continuo en el país vecino, pese a que el 5 de marzo del 2023, el operador judicial publicó una carta que oficiaba como una verdadera «confesión» sobre cuál fue su verdadero rol durante la administración de Cambiemos, su intervención en causas, su incidencia para nombrar a jueces de la Corte Suprema y cómo llevó adelante acciones que no estaban relacionadas con sus cargos formales. Hay que recodar que, por ejemplo, Rodríguez Simón también es investigado por una supuesta presión a la ex procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, con el fin de provocar su renuncia durante el gobierno de Macri.

El mismo Macri admitió en una entrevista televisiva que «la mesa judicial era igual que otras mesas, para trabajar en equipo. Para elegir las mejores ternas, para elegir a los mejores jueces, para discutir la ley de flagrancia».

La tranquilidad de «Pepín» solo pareció verse alterada cuando, a principios de este año, un equipo de C5N lo encontró y mostró la lujosa mansión en la que vive, en un lujoso barrio de Punta del Este. Una vivienda que cuenta con 1.470 metros cuadrados y se alquila por 17.000 dólares el mes.

Aunque existieron también algunas señales de que la Justicia uruguaya podría ponerlo en aprietos en los tiempos que vienen. El 21 de marzo pasado, la Corte Suprema del país oriental rechazó la solicitud de asilo político de Rodríguez Simón. Ante esa situación, su abogado, Jorge Díaz, presentó una excepción de inconstitucionalidad que llevó a que la jueza actuante, Adriana Chamsarian, suspendiera el procedimiento de extradición.

Con esta decisión la causa se trasladó a la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, y a los abogados de Rodríguez Simón. Ahora deberá expresarse sobre la misma el Fiscal de Corte, y luego los cinco integrantes del Máximo Tribunal de Uruguay iniciarán el análisis del recurso hasta tomar una resolución conjunta.

De todas maneras, en caso de fallar en contra de los intereses de Pepín, la defensa del operador judicial ya sumó dos expedientes por la solicitud de calidad de refugiado, con nuevos argumentos sobre la supuesta persecución política, con el objetivo de seguir estirando la estadía de su cliente en Uruguay. Mientras tanto, este lunes Rodríguez Simón cumple 1.000 días como prófugo de la justicia.

(C5N)