Getting your Trinity Audio player ready...

Tras una votación en el Consejo de la Magistratura, se avanzará en definir la responsabilidad de la jueza federal en la falta de preservación del celular de Sabag Montiel.

«Necesito estudiar bien el expediente», es la frase mágica que se repite en el Consejo de la Magistratura cada vez que alguno de sus integrantes quiere postergar el tratamiento de alguna denuncia contra un juez o jueza. Con esa muletilla, el camarista de Casación y consejero Diego Barroetaveña intentó que se volviera a postergar la votación de pruebas en un investigación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti por la falta de resguardo de una prueba clave en la causa del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner: el celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel, que terminó reseteado de fábrica y nunca se pudo analizar. Pero esta vez, aunque la votación fue reñida, se impuso una mayoría en la Comisión de Disciplina, que resolvió la citación de cinco testigos para poder avanzar. 

«Con las postergaciones no vamos a conseguir la verdad, sino la impunidad de la jueza», se enojó el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade. «Evidentemente hay una tomada de pelo por parte del juez Barroetaveña», dijo y recordó que la denuncia está por cumplir un año, pero que hay otra anterior contra la misma magistrada, que ya va a cumplir tres, y que por lo tanto caducaría. La discusión dejaba al desnudo uno de los más habituales mecanismos del organismo, que no se caracteriza por la celeridad en el análisis de las denuncias contra jueces y juezas ni en la votación de ternas para futuros cargos. 

El expediente contra Capuchetti quedó sobre la mesa en el recinto del Consejo en la mañana del miércoles, al mismo tiempo que en el edificio de Comodoro Py realizaba su alegato la querella de CFK en el juicio por el atentado en su contra, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Una cuestión central denunciada por los abogados de la querella de la expresidenta fue precisamente la enorme cantidad de irregularidades durante la instrucción de la causa a cargo de la jueza en cuestión que, plantearon ellos, condujo a que el juicio se limitara a los autores materiales, ya que no se había avanzado sobre la autoría intelectual y/o un eventual financiamiento. «A lo largo de todos estos años, (Capuchetti) obstruyó todas las líneas de investigación posibles, encubrió a todos los sospechosos posibles y revictimizó a Cristina Fernández de Kirchner cada vez que pudo», descargó Marcos Aldazabal, uno de los letrados. Luego dio detalles. 

Historia del celular

La denuncia ante le Consejo había sido presentada por un grupo de diputados y diputadas de Unión por la Patria. Pone el foco en la suerte que corrió el teléfono del hombre que intentó matar a la expresidenta. Como se recordó en el alegato, lo primero que hizo la jueza en la madrugada posterior al hecho fue pedirle a la Policía Federal que extraiga el contenido del teléfono adentro de su juzgado. Lo hizo un cabo, Alejandro Heredia, quien no estaba especializado para hacer esa tarea. Pero, además, el despacho de la jueza –según declararon peritos en el juicio– no es un ámbito apropiado ya que no hay bloqueo de señales y se puede cortar la luz, algo que increíblemente ocurrió un rato antes del peritaje. El policía, de todos modos, hizo tres intentos y desistió porque le aparecía en el aparato un mensaje de error. 

La noche siguiente, Capuchetti le pidió a la custodia de su juzgado, una cabo de la Federal llamada Priscila Santillán, que llevara un sobre con el teléfono a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Ezeiza. Eran cerca de las 23 horas del 2 de septiembre. La agente dejó a un secretario en el camino y manejó sola en plena noche, en un auto sin ninguna clase de seguridad. Llegó con el un sobre abierto, roto, sin planilla de cadena de custodia, ni mucho menos envoltorio que bloquee las señales (llamado Faraday). El dispositivo estaba encendido y tenía una leyenda en letras rojas que decía «Warning». Los peritos que la recibieron quedaron perplejos y llamaron a un secretario del juzgado para verificar si intentaban extraer igual la información, pese a las condiciones en que estaba siendo entregada la prueba. La orden fue continuar. Cuando conectaron el celular al sistema llamado «UFED» terminó reseteado de fábrica, como si estuviera en cero. 

Santillán firmó un acta donde reconocía que había entregado el sobre abierto ante los peritos de la PSA Pablo Kaplan y Camila Seren. También estaba presente el exdirector de Inteligencia Criminal Damián Neustadt. En el juicio oral, Santillán intentó negar haber llevado el sobre abierto, pero quedó en falsa escuadra en un careo con los otros tres testigos. También dijo que no sabía qué era lo que llevaba en le sobre, y que de haberlo sabido no lo hubiera trasladado porque para eso hay una dependencia específica en la Policía Federal. Como sea, Capuchetti quedó expuesta por su propia custodia, a quien ya no se ve más en la puerta del juzgado. 

Todo esto fue también tratado en una causa que la jueza María Servini decidió mandar al archivo, al menos por ahora. Allí, el actual ministro de seguridad bonaerense, Juan Martín Mena, quien acompañó a CFK en este y otros expedientes, declaró que un secretario de Capuchetti le había indicado que sacara el celular de la caja fuerte en las primeras horas en que estuvo en su juzgado. Esto nunca se esclareció y quedó la duda acerca de qué pasó entre el primer intento de extraer la información del celular y su traslado a la PSA. 

La decisión del Consejo

Por ahora todo este asunto tramita en un expediente disciplinario que algunos miembros del Consejo han intentado frenar con descaro. Barroetaveña insistió este miércoles: «necesito ver bien el expediente, nada más». Tailhade lo trató de mentiroso y dijo que era también una falta de respeto hacia la expresidenta. Recordó que Barroetaveña es uno de los jueces de Casación que confirmaron la condena a seis años de prisión por la que actualmente CFK está detenida, sin haber analizado ninguno de su planteos sobre violaciones constitucionales a lo largo de la causa. 

El que propuso las medidas fue el camarista de San Martín Alberto Lugones. Otra jueza, Alejandra Provítola, hizo lo posible por proteger a su colega con tecnicismos y argumentos tales como que hay causas penales en trámite, como la que se archivó. Pero le recordaron que al camarista Eduardo Freiler, por ejemplo, lo destituyeron a pesar de que había sido sobreseído en una causa penal. Una cosa es la investigación penal, y otras son las actuaciones políticas y disciplinarias del Consejo. La senadora María Inés Pilatti Vergara se sumó a los pedidos de avance y dijo que el organismo parece «una pantomima para defender» a quien quiera cada uno. «Este no es un caso más», remarcó. «Nadie que esté ejerciendo la magistratura puede decir que necesita estudiar el expediente», cuestionó. 

El presidente de la Comisión, César Grau, dijo que lo que estaba pidiendo Lugones eran simplemente testimonios. Recordó que el Consejo ni siquiera se solidarizó con la expresidenta después del atentado, como hasta lo hizo la Corte Suprema. «Está en falta, esta comisión debe suplir esa falta», señaló. «La sociedad espera una respuesta», dijo. 

Se votó dos veces: primero si se postergaba o no y luego si citaba a los testigos o no. La votación quedó cinco a cinco las dos veces y Grau desempató. Se votó citar a los peritos de la PSA, a Neustadt, a Mena y a la excustodia Santillán. En contra de avanzar votaron los jueces Barroetaveña, Provítola y Agustina Díaz Cordero más el académico Hugo Galderisi y el senador radical Eduardo Vischi. A favor de avanzar: el camarista Lugones, los senadores de Unión por la Patria Pilatti y Mariano Recalde, el senador del PRO Luis Juez y el abogado Grau. Por poco, se impuso la postura de avanzar con la investigación.

pagina12.com.ar