Esta decisión llega en el marco de una nueva etapa de judicialización que podría tener repercusiones legales para ambos exfuncionarios.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, adelantó que el Gobierno de Javier Milei avanzará también sobre la jubilación de privilegio que percibe el exvicepresidente Amado Boudou, siguiendo el mismo criterio que se aplicó en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Esta decisión llega en el marco de una nueva etapa de judicialización que podría tener repercusiones legales para ambos exfuncionarios.

En declaraciones a Ámbito, Pettovello detalló que, tras la baja de la jubilación presidencial de Fernández de Kirchner, el Gobierno adoptará la misma postura respecto a Boudou, quien actualmente recibe un beneficio previsional otorgado bajo la Ley N° 24.018. “Con el mismo criterio que se aplicó a Cristina, se suspenderá la jubilación de privilegio a Amado Boudou”, afirmó la ministra.

La resolución de la ANSES, que ya retiró el beneficio de la expresidenta, tiene como base la reciente confirmación de la condena de Fernández de Kirchner a seis años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Este mismo criterio se aplicará a Boudou, quien también se encuentra involucrado en casos judiciales por corrupción.

En cuanto al proceso, Pettovello explicó que la medida responde al “doble conforme” en materia penal, es decir, que el caso ha sido revisado y confirmado por dos instancias judiciales, lo que le da solidez legal a la decisión de suspender los beneficios. “Confío en que la Justicia estará a la altura”, comentó la ministra, quien también reconoció que los beneficiarios de estos programas podrían apelar la resolución ante los tribunales.

El Gobierno ha manifestado su firme postura frente a aquellos exfuncionarios condenados por corrupción, destacando que estos beneficios no constituyen una compensación previsional, sino un reconocimiento por el honor y mérito de haber ejercido cargos públicos. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, justificó la baja de estos beneficios al señalar que no pueden ser otorgados a personas que hayan sido condenadas por estafar a los ciudadanos. «Esto es otorgar un poco de sentido y cordura a la gestión pública», señaló.

De esta forma, el Gobierno de Milei reafirma su compromiso de no destinar fondos a personas vinculadas con la corrupción, como parte de su estrategia para recuperar la dignidad de las instituciones públicas. Según fuentes oficiales, esta decisión también sienta un precedente para futuros casos de funcionarios condenados por delitos en el ejercicio de sus cargos.

El conflicto sobre los beneficios de privilegio sigue siendo un tema candente y se prevé que, a partir de este nuevo escenario, aumenten los desafíos legales para los exfuncionarios afectados. Sin embargo, la administración de Milei parece decidida a mantener su postura en este tema, lo que abre un nuevo capítulo en la judicialización de la política argentina.