Un informe reciente de la periodista Luciana Bertoia para Página/12 ha puesto el foco sobre la actual conducción de la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH). La publicación advierte sobre el nombramiento —o ejercicio de funciones sin designación formal— de figuras que reivindican el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura o que promueven el «perdón» para condenados por crímenes de lesa humanidad.

Esta situación marca un giro radical en la orientación del organismo, que históricamente fue un motor de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en el país.

Los nombres en el centro del debate

El informe detalla la trayectoria y las expresiones públicas de tres figuras clave dentro de la estructura actual de la SDH:

• Bryan Mayer: Se desempeña como jefe de gabinete de la subsecretaría, aunque carece de designación oficial. Cuenta con antecedentes polémicos, como una renuncia forzada en 2018 a un cargo en el Concejo Deliberante de Rafaela tras justificar el golpe de Estado de 1976 en redes sociales. Además, calificó de «pro-terrorista» a la película Argentina, 1985.
• Joaquín Mogaburu: Titular de la SDH y exdirector de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa bajo la gestión de Luis Petri. Se le adjudica la promoción de seminarios de «verdad completa» junto a figuras que abogan por la prisión domiciliaria de represores y cuestionan el proceso de juzgamiento actual.
• Alfredo Mauricio Vitolo: Director nacional de Asuntos Jurídicos y socio del estudio Nicholson & Cano (que representa a empresas vinculadas a causas de lesa humanidad). Vitolo ha publicado artículos donde cuestiona la imposibilidad de indultar o amnistiar a responsables de crímenes aberrantes, distanciándose de la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Reacciones y posturas enfrentadas

La llegada de estos funcionarios ha generado una fuerte reacción en referentes del sector y organismos de derechos humanos:

• Horacio Pietragalla Corti: El exsecretario de Derechos Humanos afirmó que el gobierno busca reflotar teorías ya desvirtuadas por la justicia, aunque confía en la «resistencia» del movimiento de derechos humanos.
• Victoria Montenegro: La legisladora porteña señaló que la memoria está actualmente «en disputa» y que existe un intento oficial por «reescribir la historia» a 50 años del golpe.
• Postura oficial: Desde la gestión de Mogaburu y Mayer, se defiende una visión de «concordia política» y se reivindica el rol de las Fuerzas Armadas en la historia reciente, buscando integrar los testimonios de familiares de militares muertos en la década del 70.

La controversia escala en un contexto de tensiones internas en el oficialismo y mientras la justicia argentina continúa tramitando causas de relevancia internacional, como el pedido de extradición de Roberto Bravo por la Masacre de Trelew, hecho que Mayer ha minimizado públicamente.