La implementación del nuevo esquema de subsidios energéticos ha desatado un conflicto institucional inesperado. Diversos organismos de control y defensa del consumidor denuncian que el Gobierno nacional decidió eliminar las tradicionales Audiencias Públicas, sustituyéndolas por un sistema de consultas vía correo electrónico y formularios digitales, una medida calificada como «precaria» y «antidemocrática».
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), con la firma del defensor santiagueño Dr. Daniel Escobar Correa, emitió un comunicado advirtiendo que este cambio vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía.
Los puntos centrales de la denuncia
- Falta de intercambio real: Los defensores sostienen que un formulario de Google no permite el debate cara a cara ni la confrontación de ideas. Al ser una recepción de opiniones fragmentadas, se elimina la posibilidad de repreguntar a los funcionarios sobre decisiones que afectan directamente la economía familiar.
- Riesgos de seguridad: ADPRA cuestionó que se utilicen plataformas privadas para recolectar datos sensibles de los ciudadanos, alertando sobre posibles fallas en la protección de la información institucional del Estado.
- Vulneración constitucional: El documento subraya que esta modalidad choca con el artículo 42 de la Constitución Nacional, el cual garantiza una participación «real y eficaz» de los usuarios en la toma de decisiones que impactan en los servicios públicos.
Un retroceso en la transparencia
Desde la defensoría de Santiago del Estero y el resto de las provincias, se remarcó que la transparencia debe ser mayor cuando el impacto económico de la medida es tan profundo. La eliminación del debate oral se percibe como un mecanismo para evitar la exposición pública frente al descontento social por los nuevos topes al consumo de luz y gas.
Ante esta situación, los organismos de control han exhortado al Ejecutivo a restablecer las audiencias presenciales o virtuales con debate abierto, con el fin de garantizar un control ciudadano efectivo sobre los aumentos tarifarios.