El ministro Cúneo Libarona apura la aplicación en el corazón de la violencia narcocriminal del Código Procesal Penal Federal que viene demorada hace más de cuatro años.

El gobierno nacional encarará el tramo final de la puesta en marcha, el próximo 6 de mayo, del Código Procesal Penal Federal en la ciudad de Rosario, una reforma que se aprobó en 2014 y quedó virtualmente paralizada en los últimos cuatro años. La medida, centrada en la transición hacia un sistema acusatorio con mayor poder para los fiscales, marca una división clara de roles entre la actuación del Ministerio Público, defensores y jueces, buscando una justicia más ágil y eficaz.

Esta medida, que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, puso como prioridad y urgencia de su gestión, no solo es una respuesta a la necesidad de modernización de la justicia federal sino también una estrategia para combatir de manera más efectiva el crimen organizado que azota a amplias regiones del país, pero que tiene a Rosario como el epicentro de la violencia narcocriminal y las bandas organizadas para cometer múltiples delitos.

En la preparación hacia este cambio, el Ministerio de Justicia confirmó que está organizando capacitaciones y simulacros generales para familiarizar a jueces, fiscales y defensores con la dinámica que implica el nuevo sistema. El 6 de mayo se marcará un hito en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario con un acto que busca no solo ratificar el compromiso con la implementación sino destacar la importancia de este paso hacia una justicia más eficiente y adaptada a las necesidades actuales.

Por delante quedan diez días en los que deberán ultimarse desde la adecuación de la infraestructura, profundizar las capacitaciones de todos los involucrados en esta nueva etapa y un simulacro del nuevo sistema acusatoria, que reemplazará al actual, denominado inquisitivo, donde es el juez el que controla el proceso y la oralidad es una excepción más que la regla. Para este paso clave, se requieren resolver requerimientos de infraestructura básica, desde lugares o salas, sistemas, equipos informáticos, bienes muebles e inmuebles.

El 6 de mayo habrá, entonces, un punto de inflexión clave en un largo cronograma de tres años para culminar en la gestión de Javier Milei con la implementación definitiva de la reforma del Código Procesal Penal Federal, que se sancionó en 2014 y que sólo tiene vigencia en las provincias de Salta y Jujuy. En diálogo con Infobae, el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer, resaltó que esta reforma que se pondrá en marcha en 10 días traerá beneficios a los vecinos de esa ciudad, principalmente, porque va “ocuparse del fenómeno de la criminalidad organizada, de la macro criminalidad que tanto preocupa al país en general y al distrito Rosario en particular”.

“El sistema es imprescindible porque crea las condiciones para desarrollar una política criminal que impacte de una manera eficaz en la lucha contra el crimen organizado. Eso no quiere decir que se va a terminar el crimen organizado, pero se crean las condiciones para que si trabajamos bien, logremos resultados tangibles en la disminución o el combate efectivo del crimen organizado”.

Según explicaron en el Ministerio de Justicia, el sistema que ya rige en Salta y Jujuy y se va a implementar en Rosario se caracteriza por una distinción marcada de roles entre el fiscal, el defensor y el juez, que a partir del nuevo esquema asume un rol imparcial. Esto quiere decir que los jueces ya no son responsables de la investigación, sino que lo que hacen es controlar la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

A partir del régimen acusatorio, la Fiscalía se hace responsable del resultado de la investigación y se modifica también la dinámica de las audiencias y de la interacción entre las partes. Se elimina la figura del expediente ya que todo se hace mediante exposiciones orales, en base a un legajo que tiene el fiscal y que no tiene la obligación de compartir con el juez. “El juez solo se informa sobre las pretensiones de la Fiscalía en la audiencia oral y decide en base a lo que escucha. Este cambio facilita la litigación y permite un mejor ejercicio de los derechos procesales de las partes”, explicó Nanzer.

“En términos ya más de política criminal es un sistema que, al darle control al Ministerio Público Fiscal de las investigaciones, le permite desarrollar una política de persecución penal, que es lo que Argentina hoy no tiene. Es muy importante que el sistema de justicia federal, que hoy opera de manera eminentemente reactiva, pueda hacerlo de manera proactiva, con una política de persecución penal basada en la identificación de fenómenos criminales prevalecientes en cada región”, agregó.

“Esto no quiere decir que se va a eliminar el crimen organizado, pero sí hay buenas razones para pensar que un sistema que le da el control de la persecución penal a la Fiscalía, que pone a los jueces en un rol de terceros imparciales y que le permite al Ministerio Público llevar a cabo una política de este tipo asegure un uso más estratégico, más selectivo de la persecución penal, que permita mostrar algún tipo de impacto”, consideró.

El ministro Cúneo Libarona, para hacer el switch entre sistema vigente y el que puso en marcha la reforma de 2014, diseñó un plan de contingencia para encarar las adecuaciones edilicias, tecnológicas e institucionales, donde sobresalen además de una fuerte inversión y contratación de recursos humanos, mucha capacitación y asesoramiento técnico para elaborar nuevos procesos de trabajo.

Entre esos requerimientos se destacan, desde lo básico de que el Poder Judicial necesita salas de audiencia para llevar adelante y filmar los procesos orales, como comprar muebles, computadoras y sistemas informáticos diversos. Todo esto, mientras rige la máxima que impera la gestión del gobierno de Javier Milei del “no hay plata”.

“Se van a hacer adecuaciones de infraestructura en conjunto con los órganos respectivos, necesarias y suficientes para implementar el sistema, sabiendo que hay una deuda enorme en materia de infraestructura y que deberá saldarse. Hoy no es viable pretender construir en cada distrito edificios flamantes para recién ahí poder implementar el sistema acusatorio”, explicaron a Infobae en el Ministerio de Justicia.

El organismo a cargo de Cúneo Libarona en conjunto con la Procuración General tienen previsto “relocalizar fiscalías de forma tal que todos los fiscales del distrito estén ubicados en un mismo inmueble, porque también la implementación hace que las fiscalías trabajen de una manera más dinámica y mucho más integrada; y se van a ser conseguir edificios para ese fin”, consignaron.

Por último, aclararon que la decisión del ministro de Justicia de “implementar rápido el nuevo régimen no quiere decir implementar improvisadamente, es reconocer que el sistema no tolera más el estancamiento”. “Este cambio sistémico promete no solo una mayor eficiencia procesal sino también la posibilidad de desarrollar una política criminal que permita afrontar de manera más estratégica y efectiva la macrocriminalidad, particularmente el crimen organizado y transnacional”, explicó Nanzer.