El proyecto gubernamental elimina la Ley 12.908, base de los derechos laborales del sector, y ataca el financiamiento de medios públicos y comunitarios.
El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei ha generado una fuerte controversia en el ámbito de los medios de comunicación, al incluir la derogación explícita del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) y otras normativas que regulan las condiciones laborales y el financiamiento del sector.
La iniciativa, detallada en el artículo 194 dentro del Capítulo “Derogaciones”, contempla dejar sin efecto la Ley 12.908, vigente desde 1946, que establece las funciones, derechos y garantías de los periodistas. También se busca eliminar el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas (Ley 13.839/46).
⚠️Grave
— SiPreBA – Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) December 11, 2025
Un ataque a quienes trabajamos y al periodismo.
Declaración de SiPreBA frente al proyecto de ley para modificar las normativas laborales y eliminar derechos como el Estatuto del Periodista ⤵️https://t.co/ya9mLG3gkN pic.twitter.com/2QZVOIiOXs
Derechos Históricos Bajo Amenaza
El Estatuto del Periodista es la norma que protege las condiciones laborales de quienes realizan tareas en publicaciones diarias o agencias de noticias, abarcando desde directores hasta correctores y reporteros gráficos.
Entre los puntos más sensibles que desaparecerían con la derogación se encuentran:
- Una jornada laboral reducida, fijada en un máximo de treinta y seis horas semanales.
- La obligatoriedad de compensar las horas extras con descanso equivalente o pagarlas con un recargo del cien por cien.
- Una indemnización especial en casos de despido injustificado, equivalente a seis meses de sueldo, sumada a un preaviso de hasta dos meses.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) calificaron estas normas como «la base de nuestros derechos» y advirtieron que la reforma «esconde una regresión de un siglo en materia de derechos laborales y conquistas».
Impacto en Medios Públicos y Comunitarios
Además de la ofensiva contra los derechos laborales, el proyecto apunta al corazón del financiamiento de los medios no comerciales y no concentrados.
La iniciativa oficial buscará derogar artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que imponen gravámenes a las señales audiovisuales. Estos impuestos son fundamentales para el sostenimiento económico de los medios públicos, los medios comunitarios y las micropymes de comunicación, que dependen de dichos fondos para operar.
Desde SiPreBA y Fatpren denunciaron que con esta doble jugada, el Gobierno «beneficia doblemente a las grandes empresas de medios: le quita derechos a quienes trabajan en sus compañías y las exime de impuestos que fueron pensados para posibilitar un arco de voces plural y democrático en la información».
Los gremios ya han adelantado que desplegarán una intensa campaña en los ámbitos parlamentario, judicial y gremial para frenar lo que denominan una «contrarreforma» que afecta la pluralidad informativa y la estabilidad laboral.