La nueva iniciativa parlamentaria del oficialismo en términos de seguridad pretende bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.

Sin nuevas iniciativas de legislación económica, el Gobierno sacude otro de sus pilares de campaña: la seguridad. Ante la sucesión de propuestas del Congreso para dilucidar el rol presidencial en la estafa $LIBRA, Casa Rosada diseñó dos salidas. Por un lado decretó un nuevo ciclo de endeudamiento con el FMI, mientras se respaldó en la sensibilización colectiva provocada por el homicidio de una niña para desempolvar el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que se debatirá en plenario de comisiones de Diputados este miércoles. “El objetivo del Ejecutivo es que salga cuanto antes”, reconocieron desde el oficialismo para Ámbito.

La iniciativa fue presentada en el 2024 cuando un adolescente de 15 años protagonizó un crimen en la ciudad de Rosario. El desencadenante actual involucra a un joven de 17, que ya está contemplado en la actual edad de imputabilidad, dispuesta en los 16 años. Aún así Javier Milei le dio prioridad al tema en su discurso de apertura de sesiones, prometiendo la ley como respuesta al asesinato de Kim Gómez en La Plata. Con la misma falta de rigor que prometió “la reforma del Código Penal más importante de los últimos 100 años” (el Código Penal fue promulgado hace 104 años), el Presidente de la Nación señaló que “uno de los asesinos de Kim tiene 14 años y goza de ser inimputable”: la investigación en curso aún no pudo ubicar al detenido de esa edad en la escena del crimen.

Aún así, el discurso alineó a los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados. “Cualquier baja de imputabilidad sería muy beneficioso a los efectos de que los delincuentes dejen de usar a los menores como carne de cañón para delinquir sin consecuencia”, señaló a este medio el jujeño Manuel Quintar, titular de la Comisión de Justicia. “Estos jóvenes son plenamente conscientes del daño que pueden causar y, en muchos casos, actúan con total malicia”, planteó el mendocino Álvaro Martínez, quien presentó una iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a los 12 años pero luego sumó su respaldo a la del Gobierno, que pretende establecerla en 13.

En Diputados existe un consenso generalizado en concretar la reforma en torno a los 14 años: el PRO, la UCR y hasta un sector de Unión por la Patria respalda esta postura. A estos bloques se le sumaría Innovación Federal, provincialistas que votan junto al Gobierno, mientras que persisten interrogantes sobre las posturas de Encuentro Federal (lo definirán en una reunión de la bancada los próximos días) y Democracia para Siempre (un grupo a favor de la baja de imputabilidad busca torcer la voluntad de los más antagonistas al Gobierno). En ese escenario, la única posibilidad para evitar la media sanción es que se dilate la discusión por otros pedidos de sesión de la oposición.

Este miércoles habrá un nuevo plenario para debatir la Reforma Penal Juvenil.

Foto: Diputados.

Reforma Penal Juvenil: más allá de la baja de imputabilidad

En el argumento de la convocatoria, la titular de la Comisión de Legislación Penal, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO) precisa que ya existieron siete encuentros de comisiones a los que convocaron a «26 especialistas de distintos ámbitos, entre ellos, jurídico, judicial, fuero de menores, fundaciones, y médicos neurólogos” para debatir el Régimen Penal Juvenil. Lo que no detalla es el rechazo casi unánime que expresaron todos los profesionales que trabajan con los jóvenes en conflicto con la ley, que remarcaron como prioridad mejorar las condiciones de detención antes que ampliar el margen punitivo.

Uno de los principales argumentos que sostiene el oficialismo es que el país es muy flexible con la edad de punibilidad con respecto a la región. «Todos los países que la han bajado, adaptándolo a la modernidad, han bajado el margen de criminalidad muchísimo”, señaló Quintar. Con la actual edad de imputabilidad, Argentina se encuentra en el 17° lugar de 19 países latinoamericanos en cuanto a la tasa anual de homicidios cada 100.000 habitantes (UNICEF, 2022). Incluso el Gobierno nacional celebró en enero la baja de casos de asesinatos en su primer año de gestión. En contraste, Ecuador (17º), Honduras (16º), Brasil (13º) y México (12º) ubican su tasa de punibilidad en los 12 años y se encuentran entre los países más inseguros de la región.

Existe otro elemento a observar. Sin la gestión de políticas de atención a los jóvenes (la Subsecretaría de Niñez despidió 2000 trabajadores hace una semana), la baja de la tasa de imputabilidad promete un incremento de adolescentes detenidos que no se respalda en la existencia de infraestructura apta para albergarlos ni en la gestión de programas educativos para acompañarlos en el tránsito de su pena. Como referencia, se puede considerar el caso de la última cárcel que se construyó en el país: la de Benjamín Paz, en la provincia de Tucumán, cuya licitación inició en el 2022 y su presupuesto se expandió a $7.881 millones para garantizar la inauguración en diciembre pasado, siete veces más que lo que tuvo dispuesto el Conicet para gastar en el 2024 en equipamientos y funcionamiento. Introducir la reforma implica tiempo de planificación y presupuesto estatal.

Desde el oficialismo no parecen haber definiciones concretas en ese sentido. “Los costos y plazos deben definirse con precisión y las áreas correspondientes trabajarán en ello para garantizar que esta reforma se implemente de manera efectiva”, respondió Martínez. “No está definido el tiempo para adecuar los centros de menores para alojar a la cantidad de menores que podrían llegar a introducirse”, coincidió Quintar. En una de sus intervenciones, José Luis Espert sugirió que «los funcionarios que ocupen el cargo de supervisores se tomarán de la planta de empleados de la administración pública, asignándole un plus salarial»: personas sin experiencia en el área serán tutores de adolescentes en conflicto con la ley. Existe una manifiesta diferencia entre la convicción con la que piden la bajar la edad de imputabilidad y la ambigüedad con la responden en qué condiciones se darán.

Cúneo Libarona y Bullrich, los dos ministros gestores de la Reforma Penal Juvenil del Gobierno.

Presidencia

La sobrepoblación es el problema central de la situación carcelaria argentina en la actualidad. Si la reforma se da en los términos propuestas, la crisis de infraestructura penal en las provincias está garantizada. La situación es contemplada por diputados provincianos, como la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR), quien le dijo a Ámbito que “el sistema debe contener sanciones progresivas teniendo en cuenta la gravedad del delito y un tema clave es la articulación con las provincias y el presupuesto destinado a este régimen, porque se requiere construir y ampliar estructuras penitenciarias destinadas específicamente a los menores”.

En una nueva reforma sustancial del Gobierno, que ya impulsó la ley Antimafias y la modificación del régimen de reiterancia, la gestión libertaria ofrece como respuesta de coyuntura un proyecto de encierro para los jóvenes mientras cierra áreas que podrían incidir en sus trayectorias en libertad. La redacción de su propuesta, que contempla programas socioeducativos y de esparcimiento en los centros cerrados, no promete alterar la negligencia con la que actualmente gestionan los espacios para menores que cometieron sus primeros delitos. Aún así, la demagogia punitiva suma voluntades para la baja de imputabilidad: solo otra urgencia de la agenda mediática parece proponerse como una traba a una nueva transformación sustancial de las reglas penales de la sociedad argentina.

Ley Bases de Seguridad

Dentro del paquete de reformas del Código Penal y otras iniciativas legislativas que conforman la agenda de seguridad y Justicia, el oficialismo otorgó prioridad a los siguientes proyectos:

• Ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual: se extraerá material genético para integrar el registro a todas las personas procesadas por delitos contemplados por el Código Penal. Se convirtió en ley en 2024.
• Régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado: agravamiento y unificación de penas para quienes sean considerados miembros de una organización criminal, establecimiento de facultades especiales a fuerzas de seguridad en “Zonas Sujetas a Investigación Especial” y decomiso anticipado. Obtuvo media sanción en Diputados. Se convirtió en ley en 2025.
• Reiterancia, reincidencia y unificación de condenas. Se ampliaron las condiciones para que la Justicia dicte la prisión preventiva y establecer penas más largas a aquellas personas involucradas en más de un delito. Se convirtió en ley en 2025.
• Ley de Seguridad Interior: habilita a las Fuerzas Armadas a participar en actividades de seguridad interior sin necesidad de acudir a la declaración de estado de sitio; su accionar no puede ser punible. Se concretó por decreto en 2024.
• Reforma de Ley 26.216 de Armas de Fuego: Flexibilización del protocolo para el acceso legal a tenencia de armas de fuego. Prórroga por cuatro años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite entrega anónima de armamento para su destrucción. Obtuvo media sanción en Diputados.
• Modificación del Régimen Penal Juvenil: baja de edad de imputabilidad (de 16 a 13 o 14 años, según el proyecto) y determinación de nuevas responsabilidades institucionales del Estado con respecto a los adolescentes judicializados. No obtuvo dictamen.
• Derecho a la legítima defensa y cumplimiento del deber: reformas de los regímenes existentes. Tuvo dictamen en Diputados.

Fuente: ambito.com