La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor señaló que “el concepto de servicio digital remoto que establece el DNU 70/2023 ya se presta en la actualidad a través de los registros seccionales”. Además, se aseguró que “no hay un solo recurso del presupuesto afectado a este servicio”.

   

La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (Aaerpa) aclaró que los trámites que se realizan allí ya son digitales y que “no hay un solo recurso del presupuesto afectado a este servicio” sino que, por el contrario, “el Estado Nacional y los Estados provinciales reciben gran parte de lo que pagan los usuarios del sistema”.

La entidad también alertó que las oficinas registrales, que son cerca de un millar en todo el país, deben seguir funcionando porque “un gran sector de la población no maneja las herramientas digitales, ya sea por razones etarias, desniveles educativos, aislamiento tecnológico” y porque la Argentina “cuenta con grandes superficies sin conectividad”.

La Aaerpa, presidida por Alejandro Germano, difundió un comunicado luego de que el decreto 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei estableciera que todos los trámites se deben ingresar de forma digital y no habilita que se hagan en persona.

Además, la diputada nacional Patricia Vázquez (PRO) presentó un proyecto de ley para eliminarlos y reemplazarlos por un sistema digital a los efectos de que no haya intermediación y actuaciones ante los registros seccionales.

Desde la asociación, remarcaron que “el Registro del Automotor brinda seguridad” porque “existe un funcionario que antes de permitir cualquier modificación de la situación jurídica de un automotor o su titular registral, analiza y califica las circunstancias de hecho y de derecho y también que un automotor robado en cualquier punto del país no puede reinsertarse en un circuito de comercialización regular en todo el territorio nacional”.

“Además, la desconcentración de las oficinas registrales permite que siempre haya un registro cerca, no solo para realizar un trámite sino para buscar asesoramiento profesional para asegurar su patrimonio ya sea al comprar, vender o tomar un crédito sobre el automotor”, subrayaron desde la Aaerpa.

«No hay un solo recurso del presupuesto nacional afectado a este servicio, por el contrario, el Estado Nacional y los Estados provinciales reciben gran parte de lo que pagan los usuarios del sistema».

La entidad señaló que “el concepto de servicio digital remoto que establece el DNU 70/2023 ya se presta en la actualidad a través de los registros seccionales. Aclaremos que el registro ya es digital y los trámites se despachan, se registran y se comunican en forma electrónica. De lo que se está hablando es de la forma de ingresar los trámites”.

“Actualmente, los registros que reciben solicitudes tanto en forma presencial como remota para todos los trámites y las despachan en el estricto orden de presentación, previo control del cumplimiento de los requisitos legales (que el dueño y su cónyuge hayan firmado, que el vehículo no esté embargado, que no haya prenda ni deudas impositivas que el comprador desconozca, etc.) inscriben el trámite y emiten la documentación en papel y también digital en el caso de las cédulas y títulos de propiedad”, explicaron.

Respecto de los cuestionamientos por los gastos que implican efectuar cualquier trámite, indicaron que “el registro presta una función pública desde el sector privado, cobra los aranceles que le fija el Ministerio de Justicia, que también establece cuál es la proporción que retiene para solventar los gastos como en cualquier oficina (empleados, inmueble, papelería, servicios públicos, impuestos locales, etc.) y la remuneración del registrador y el resto se transfiere” a la mencionada cartera.

También se perciben impuestos provinciales y municipales sobre el automotor e infracciones de tránsito. Estas sumas son depositadas íntegramente a la dependencia tributaria que corresponda.

“No hay un solo recurso del presupuesto nacional afectado a este servicio, por el contrario, el Estado Nacional y los Estados provinciales reciben gran parte de lo que pagan los usuarios del sistema”, remarcaron.

Finalmente, recordaron respecto de la designación del encargado de cada registro que “si bien en el régimen original la elección era discrecional del Gobierno, previo cumplimiento de los requisitos que se establecían, a partir del 2003 la designación es por concurso público de antecedentes y oposición”.