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De ser aceptada la dimisión, se ejecutará el pedido de prisión domiciliaria por 90 días. El Consejo de la Magistratura había dado un paso clave para su destitución
El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, que está imputado formalmente en tres causas por corrupción institucional, renunció a su cargo a través de una nota dirigida al Ministerio de Justicia de la Nación. En la nota fija la fecha de su cese en el cargo para el 1º de julio próximo.
Esa decisión, de ser aceptada, implica que el proceso disciplinario que tiene en el Consejo de la Magistratura en base a distintos pedidos de investigación y destitución, trámite preliminar para un eventual juicio político, queda interrumpido por devenir abstracto.
En caso de ser confirmada, la dimisión activa la medida de prisión domiciliaria por 90 días que fue ratificada hace dos semanas por la Cámara Federal de Rosario. Tiene asimismo dictado un embargo contra sus bienes hasta cubrir 600 millones de pesos.
Bailaque es un juez nacido en Rosario, que inició su carrera en la Justicia Federal en Santa Cruz, y que es magistrado de instrucción en Rosario desde 2008. Desde hace un año y medio tiene un proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura, a donde debía comparecer el próximo martes 17 a las 10 de la mañana para efectuar su descargo, luego de que la Comisión de Acusación presidida por Luis Juez determinara a fines de mayo que los hechos que se le imputan son causa suficiente para destitución por mal desempeño.
El Consejo de la Magistratura da un paso clave para destituir al juez Bailaque
El funcionario renunciante, que hasta esta semana se desempeñó activamente su cargo como juez de garantías, comunicó su decisión de declinar en su función al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Bailaque está imputado en tres causas distintas. Una que formalizó el fiscal federal Matías Scilabra es haber generado una omisión inaceptable al rechazar tres medidas pedidas en 2013 contra Esteban Alvarado, que recién sería condenado por narcotráfico en 2022. Lo que se remarca en esa causa es que el juez tenía como contador a Gabriel Mizzau, un amigo que había sido su compañero de colegio, quien era a la vez contador en al menos dos empresas del grupo de Alvarado.
Otra imputación contra el juez federal es haber participado junto al entonces director de la AFIP Carlos Vaudagna y el financista Fernando Whpei del armado de una causa, a partir de un anónimo genérico, contra dos empresarios bursátiles, Claudio Iglesias y Jorge Oneto, a fin de pedirles dinero para cesar la persecución. Esta acusación la generaron los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco de la Procuración contra el Lavado de Activos (Procelac).
El tercer hecho es haber orquestado una transferencia de mil millones de pesos en 2021 hacia la mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, bajo la esfera del grupo financiero Unión que controlaban dos empresarios, los hermanos Guillermo y Fernando Whpei. Esos fondos eran de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín y habían quedado inmovilizados por una causa de lavado de dinero contra sus directivos. El juez Bailaque resolvió transferir ese monto multimillonario a la mutual, contra lo usual que es que entidades oficiales cautelen fondos judiciales bajo litigio. El argumento que les dio Fernando Whpei a miembros de la cooperativa enfrentados a su conducción fue, según estos, que Bailaque era su amigo y que el dinero manejado en la mutual reportaría mejor interés. Esta imputación es del fiscal federal Federico Reynares Solari.
En sus descargos en el proceso judicial, que siguió en primera instancia el juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz, Bailaque se proclamó con énfasis inocente en todos los cargos.
Fuente: lapoliticaonline.com