Está prevista una movilización frente a los Tribunales de Justicia.

   

Representantes de pequeñas y medianas empresas de sectores productivos y de servicios y profesionales de diferentes puntos del país respaldaron la investigación sobre el Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por sus fallos sobre el Consejo de la Magistratura y la coparticipación: «Es una instancia de la democracia y no un privilegio de impunidad», aseguraron. 

A través de un escrito presentado en la comisión del Juicio Político, que debate sobre el tema en cuestión en la Cámara de Diputados, indicaron que desde el sector hacen «un especial llamado a los legisladores a cumplir plenamente su obligación institucional y ciudadana llevando adelante los procesos e instancias establecidas para el desarrollo con plenas garantías y sin presiones extorsivas de juicios políticos claramente fundados».

En ese sentido señalaron que «será justamente una forma de asentar la tranquilidad política y la justicia, con la convicción que nuestra Patria requiere más igualdad y no aceptar privilegios judiciales, económicos o sociales inadmisibles».

El sector aseguró: «Nos asombramos e inquietamos de una misiva que incluye la peligrosa utilización de argumentos que desmerecen los chequeos y controles que requieren mutuamente en forma permanente los tres poderes establecidos por la Constitución Nacional», destacaron. 

«Nos provoca una inmensa preocupación la redacción de un escrito de una minoría del empresariado y profesionales de nuestro país que incluye argumentos que desmerecen lo establecido por nuestra Constitución Nacional», indicaron.

Los empresarios afirmaron que «el respeto de la división de poderes no puede ser sinónimo de privilegio» y dijeron que «en países con instituciones democráticas funcionando, el Poder Judicial no goza de inmunidad e impunidades distintivas de privilegios y conductas». 

«En tal sentido, la solicitud de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, se enmarca en lo preceptuado por el art. 53 de la Constitución Nacional (CN), siendo su denuncia y pedido de promoción una facultad de todo habitante de la Nación Argentina, y un deber para todo funcionario público frente a hipótesis de mal desempeño o posible comisión de delitos en el ejercicio de la función pública», advirtieron en el texto. 

Asimismo, subrayaron que «no es posible, por lo tanto, argumentar, sin responsabilidad ni fundamentos, que la impunidad de jueces es imprescindible para que exista y se mantenga la actividad privada y la creación de empleo» que es el «único camino para reducir la pobreza». 

En el documento expresaron que «la experiencia histórica demuestra que, siendo el Poder Judicial el único con miembros vitalicios, son justamente los países serios ‘ante los ojos del mundo’ aquellos que asientan y hacen cumplir, sin amenazas o falsas tergiversaciones, su propia igualdad ante la ley». 

«Configuran, por lo pronto, más que suficientes causales de investigación e indagación que altos dignatarios del Poder Judicial de la Nación apropien y ejerzan reiteradamente, con ostensible demérito para la institucionalidad y el sistema democrático (Art. 36 de la CN), facultades propias del Poder Legislativo de la Nación (precedentes Consejo de la Magistratura y coparticipación CABA), o ejerzan facultades de policía sanitaria usurpando potestades del Poder Ejecutivo Nacional».

Organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizarán contra la Corte Suprema
Dirigentes y militantes de un amplio abanico de organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos confirmaron su participación en una nueva movilización a la plaza Lavalle, frente a los Tribunales de Justicia, prevista para el 1 de febrero #1F, bajo la consigna «fuera la mafia judicial», informaron voceros del sector.

«Este poder judicial es prostibulario y van a quedar en la historia como la peor Corte Suprema de Justicia que hubo en el país, los que más delitos cometieron y encubrieron», señaló a Télam el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla, uno de los convocantes de la marcha del #1F.

Entre los argumentos a favor de la movilización popular contra el máximo tribunal, el magistrado explicó que los integrantes del más alto tribunal de justicia «permitieron la fuga de divisas, se metieron con la coparticipación del pueblo, de los pueblos del país, dejando con menos recursos a las provincias más pobres, entre otras grandes barbaridades».