Un operativo conjunto de control laboral en la zona de Añatuya sacó a la luz un caso de explotación extrema en el establecimiento rural «San Felipe». Durante las inspecciones, las autoridades hallaron a 54 trabajadores, entre ellos dos adolescentes de 17 años, subsistiendo en condiciones de precariedad absoluta y sin registro legal.

La intervención estuvo a cargo de la UATRE, el RENATRE y la Secretaría de Trabajo de la provincia, quienes elevaron las actuaciones a la Justicia Federal ante la gravedad de los hechos, que podrían encuadrarse en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Un escenario de precariedad extrema

Las inspecciones se realizaron en dos etapas, revelando que la situación, lejos de regularizarse tras la primera advertencia, empeoró con el ingreso de más trabajadores al predio:

• Primer operativo (30 de enero): Se detectaron 21 peones viviendo en carpas improvisadas. Carecían de acceso a agua potable, baños o cocina, y percibían salarios por debajo de la escala mínima legal.
• Segunda requisa (2 de febrero): El número de afectados subió a 54 personas. De ese total, solo un trabajador estaba registrado correctamente; el resto se encontraba en situación de informalidad total.
• Presencia de menores: El hallazgo de dos jóvenes de 17 años agravó el cuadro legal, dado que el trabajo adolescente bajo estas condiciones de insalubridad y falta de registro es una violación directa a las normativas de protección vigentes.

Acciones de las autoridades y llamado a la denuncia

El delegado provincial del RENATRE, Dr. Oscar Chazarreta, condenó enérgicamente los hechos y aseguró que profundizarán los controles en todo el territorio santiagueño. Por su parte, Marcos Barrera (UATRE) instó a los trabajadores rurales a no naturalizar estas situaciones y a realizar las denuncias pertinentes para desarticular estas redes de abuso.

Las víctimas no contaban con indumentaria de seguridad adecuada para las tareas de limpieza del campo ni con una vivienda digna, factores que configuran un escenario de vulnerabilidad extrema utilizado por los empleadores para eludir sus responsabilidades legales.