Un relevamiento sobre 138 magistrados de las Cortes provinciales reveló que la mayoría mantiene nexos con gobernadores y funcionarios, salvo Santiago del Estero, que se destaca por su independencia.

Un estudio realizado por las ONGs Ruido y Connectas analizó la relación entre jueces y gobiernos provinciales en todo el país. Del total de 138 magistrados que integran las suprema cortes de las provincias, 88 registran algún vínculo político, laboral previo o familiar con mandatarios provinciales antes de asumir sus cargos. Además, 76 fueron designados bajo gestiones del mismo signo político con el que trabajaron.

El informe, citado por Clarín, subraya que provincias como La Rioja, San Juan, San Luis, Formosa y Entre Ríos presentan altos niveles de politización de la justicia, donde los jueces suelen favorecer a sus “padrinos” políticos en causas sensibles. Sin embargo, Santiago del Estero se destaca como la única provincia mencionada sin ninguna vinculación entre poder político y judicial, consolidando así la independencia de su Corte.

Especialistas consultados por el medio señalaron que este fenómeno de politización impacta incluso en el debate actual sobre la ampliación de la Corte Suprema de la Nación y en la designación de jueces federales, replicando en el ámbito nacional los mismos mecanismos de control político presentes en las provincias.

Delia Ferreira Rubio, ex presidenta de Transparencia Internacional, advirtió que “la politización de la justicia y la judicialización de la política son dos caras de la misma moneda” y remarcó la importancia de provincias como Santiago del Estero, donde la independencia judicial se mantiene intacta.