A través de redes sociales se difundió la imagen que confirmó la visita de los legisladores libertarios a militares condenados por delitos de lesa humanidad.

Hace unas semanas se conoció que seis diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) visitaron en la cárcel de Ezeiza a Alfredo Astiz y a otros militares condenados por delitos de lesa humanidad, lo que desató una crisis interna en el bloque oficialista del Congreso. En las últimas horas, transcendió la foto de los legisladores junto a los represores de la última dictadura militar.

Quienes participaron de aquella visita, que fue criticada por el resto de diputados de LLA y bloques opositores, fueron: Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. El grupo se encontró en Ezeiza con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti.

“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, había explicado Benedit, el organizador del evento, a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó a LA NACION. Rocío Bonacci sugirió que la visita contaba con el aval de la Casa Rosada y del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque este luego lo desmintió. En tanto, la mendocina Arrieta aseguró que fue “engañada” para asistir y que a algunos de los presentes no los conocía. “Tuve que googlearlos”, manifestó.

En la imagen, que fue difundida en redes sociales, se puede ver a la diputada Arrieta vistiendo un sobretodo anaranjado junto a los diputados Bénedir, Araujo, Montenegro y Ferreyra, ubicados en la primera fila.

Al lado de ellos, en el extremo derecho aparece Antonio Pernías quien fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Mientras que a su izquierda, se encuentra Miguel Britos, de chaleco azul, el cual fue condenado por delitos similares, pero correspondientes al circuito represivo Atlético, Banco y Olimpo (ABO).

Justo por detrás aparecen Alfredo Astiz, apodado como el “Ángel de la muerte”, y Mario “El Cura” Marcote. Astiz fue condenado por el secuestro, tortura en la ESMA y desaparición de dos monjas francesas así como de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino, María Ponce de Bianco. Mientras que Marcote a 17 años de cárcel tras haber sido miembro del Servicio de Informaciones de la última dictadura.

En la ESMA funcionó la mayor cárcel ilegal de la dictadura que gobernó al país entre 1976 ya 1983 y se calcula que por allí pasaron unas 5000 personas que en su mayoría integran la nómina de desaparecidos.

A la derecha de Astiz, se logra identificar a otros represores que cuentan con 25 o más años de prisión: Carlos Martínez, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Arguello, y Raúl Guglielminetti. Este último está preso por haber cometido delitos de lesa humanidad durante su paso por los centros clandestinos de detención conocidos como ABO.

Guglielminetti fue sentenciado por el Tribunal Oral Federal N°2 por los delitos de tormentos a Enrique Basile y privación ilegítima de la libertad de 68 prisioneros, algunos de ellos torturados.

Por último, integran la fotografía Juan Manuel Cordero, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo) -conocido como “El hijo de Sam”- Gerardo Arraez y Adolfo Donda. Todos fueron juzgados por crímenes cometidos ya sea en el marco del Plan Cóndor, como por sus actividades en la ESMA o ABO.

La visita a represores abroqueló de un mismo lado tanto al kirchnerismo como a referentes de la oposición dialoguista, que pidieron respuestas institucionales. La bancada que comanda el legislador santafesino Germán Martínez reclamó la conformación de una comisión especial que, en un plazo de 20 días, “determine responsabilidades y proponga las medidas que el caso demande”. Se le suma el proyecto de resolución de Gisela Marziotta, integrante del mismo bloque, donde pide la exclusión de los seis legisladores oficialistas de la Cámara, en función de lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional.

Cristian Ritondo, líder del espacio Pro en Diputados, se sumó al repudio general y solicitó al presidente de la Cámara, Martín Menem, una “solución institucional”. Algo similar ocurrió con el radicalismo, que si bien no hizo una demanda concreta sobre medidas sancionatorias, condenó el accionar de los diputados libertarios a través de las redes sociales. El caso cobró mayor revuelo cuando se supo que se utilizó una combi oficial del Poder Legislativo.