El decreto 425/25 reforma el presupuesto prorrogado de 2023 y destina más de dos mil millones de dólares al pago de intereses de deuda, mientras partidas de infraestructura y servicios sociales permanecen congeladas.

El Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto 425/25, que modifica el presupuesto vigente al invocar la “emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, sanitaria y social” de la ley 27.541. Mediante esta decisión presidencial, el Ejecutivo prorroga y actualiza las partidas del presupuesto de 2023 sin contar con una ley aprobada para 2024 ni para 2025. En los fundamentos el DNU establece la necesidad de un “refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”. Dentro de esa reasignación figura una partida de $ 2.014.300 000 000 para el pago de intereses y comisiones de deuda nominada en pesos y en dólares.

El decreto dispone además un régimen de información mensual sobre el “flujo de fondos ejecutado y proyectado y el estado de las inversiones y disponibilidades” que los distintos organismos deben remitir a la Secretaría de Hacienda, lo que refuerza el control del tesoro a cargo de Luis Caputo. En este marco, el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Andrés Asiain, explicó – según detalló Tiempo – que “U$S 1.100 millones son de deuda interna de largo plazo U$S 800 millones son para pagos de intereses de deuda en dólares”. Asiain aclaró que “todo el presupuesto es por decreto porque hace tres años que no hay presupuesto aprobado” y opinó que “es cierto que la obra pública y otras partidas siguen congeladas y los decretos son para incrementar los gastos de deuda externa mostrando un cambio en la composición del presupuesto donde se disminuyen los gastos primarios en infraestructura y seguridad social mientras crecen las partidas para deuda externa. Es una muestra del perfil del modelo económico y las prioridades políticas”. 

Por su parte, Claudio Lozano, economista y director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), sostuvo que «en tanto se trata de un decreto de ampliación presupuestaria, son pagos de deuda que no estaban programadas ni pautados en el presupuesto prorrogado». Lozano consideró que “es absolutamente inconstitucional, ilegal y nulo de toda nulidad porque no hay ningún debate parlamentario sobre el tema de la deuda, ni el más elemental que es el del presupuesto” y denunció que “Tomando el FMI y los mecanismos de corto plazo han generado una nueva deuda bruta pública de U$S 19.500 millones en el curso del año 2025”.

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