Luego de que el oficialismo lograra la media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido dar un giro en su estrategia. Ante el agotamiento de la vía legislativa y la falta de resultados en la presión sobre los gobernadores, la central obrera apostará ahora por una ofensiva judicial para intentar declarar la inconstitucionalidad de la norma.

La conducción nacional sostiene que el escenario en el Senado es complejo y que la prioridad actual es proteger los derechos adquiridos mediante amparos y presentaciones en tribunales, replicando la táctica utilizada anteriormente contra el DNU y la Ley Bases.

La estrategia judicial frente a la parlamentaria

El triunvirato de mando considera que la incidencia política sobre los bloques dialoguistas llegó a su límite. Factores clave de este cambio de rumbo incluyen:

• Falta de interlocución: El avance del proyecto con el apoyo de sectores de Provincias Unidas y legisladores alineados a gobernadores dejó a la CGT con poco margen de maniobra en el Congreso.
• Precedentes legales: La central confía en que los tribunales laborales puedan frenar los artículos más polémicos, especialmente aquellos que consideran que vulneran principios constitucionales del trabajo.
• Postergación de medidas de fuerza: Por el momento, la conducción descartó el anuncio de un nuevo paro nacional inmediato, priorizando el armado de los expedientes legales.

Internas y presión por un paro de 36 horas

A pesar de la postura moderada de la cúpula, el frente interno de la CGT muestra fisuras. El Frente Sindical para el Modelo Nacional (FreSU), liderado por sectores como Camioneros (Pablo Moyano), la UOM, Aceiteros y las dos CTA, exige una respuesta mucho más contundente.

Este bloque disidente impulsa la realización de un paro de 36 horas con movilización antes de que el proyecto se trate en el Senado. Esta propuesta será el eje del debate en la próxima reunión del Consejo Directivo, donde se medirá la fuerza entre los sectores que apuestan a la negociación institucional y aquellos que buscan profundizar el conflicto en la calle.

Horizonte 2027

Ante la debilidad parlamentaria y la falta de puentes con el Ejecutivo nacional, algunos dirigentes sindicales ya comienzan a analizar el escenario político a largo plazo. La judicialización de la reforma se percibe no solo como una defensa técnica, sino como el primer paso de una confrontación prolongada que busca reorganizar al movimiento obrero de cara a los próximos años.