Para los otros cinco juzgados pidieron seis años de prisión, por lo que perderían la libertad si fueran condenados.

La apertura de la etapa de los alegatos del juicio oral, que se sigue a los procesados por su supuesta vinculación con el secuestro y asesinato de Mario Agustín Salto, comenzó a desarrollarse ayer y estuvo a cargo de la fiscal Dra. Mariela Bitar de Papa. Detalló lo que habría sucedido entre el momento de la desaparición del niño, que había ido a pescar a una represa, y cuando sus restos fueron hallados en un basural de la periferia de Quimilí. Después, intervinieron otros dos fiscales en el alegato, los Dres. Ignacio Guzmán y Carla León.
De acuerdo con la hipótesis del caso que sostuvo el Ministerio Público Fiscal, Miguel Ángel Jiménez fue el presunto ideólogo del hecho criminal, en el marco de un aparente rito satánico.
Por esa razón, se solicitó que el Tribunal que lo juzga lo condene a prisión perpetua, porque es considerado supuesto autor material de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas y privación ilegítima de la libertad. Además, como presunto autor intelectual de abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real de delitos.
En tanto, la fiscal aseveró que Rodolfo Sequeira habría sido quien interceptó a la víctima y la obligó a subir por la fuerza a un automóvil negro. También habría participado en la ejecución, desangrado y desmembramiento del niño, por lo que le cabía la misma condena que a Jiménez.
Asimismo, requirió prisión perpetua para Ramón Rodríguez y Daniel Sosa, porque habrían sido partícipes necesarios de las figuras penales antes mencionadas.
En cuanto a los restantes acusados por presunto encubrimiento agravado de los delitos enumerados, María Eugenia Montes, Pablo Ramírez, los hermanos Daniel Gastón y Ramón Enrique Ocaranza y Gustavo Hernández, la sanción peticionada fue de seis años de prisión efectiva, lo que implicaría que todos ellos perderían su libertad ambulatoria, si recibieran esa condena.
A su turno, la abogada querellante fue coincidente con la Fiscalía y atribuyó la supuesta autoría intelectual del homicidio triplemente calificado, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal a Jiménez.