La empresa MAPO S.R.L., encargada del transporte público en la ciudad de La Banda, quedó en el centro de la polémica tras conocerse datos oficiales que revelan millonarios subsidios estatales en contraste con un servicio cuestionado por los usuarios.

Según registros verificables, la firma recibió al menos $16.832.524,78 en compensaciones entre 2018 y 2023. Sin embargo, en las calles el panorama es muy distinto: unidades deterioradas, demoras en las frecuencias y condiciones de viaje que generan malestar entre los pasajeros.

Subsidios sin impacto visible

Los fondos transferidos por el Estado nacional se distribuyen en distintas resoluciones a lo largo de los años, con montos que crecieron significativamente en 2023. Pese a ello, no se observan mejoras sustanciales en el servicio.

Esta situación abre interrogantes sobre el destino de los recursos públicos y la falta de correlación entre la asistencia estatal y la calidad del transporte.

Alertas financieras y fiscales

A los cuestionamientos por el servicio se suman datos del Banco Central de la República Argentina, que incluyen a la empresa en la Central de Cheques Rechazados. Allí figuran cinco cheques rechazados por un total de $18,7 millones, entre ellos uno sin fondos y otros por defectos formales.

En paralelo, la situación fiscal también presenta irregularidades, ya que la firma aparece con impuestos dados de baja de oficio bajo el Decreto 1299/98, lo que implica la necesidad de regularización ante el organismo recaudador.

Reclamos y responsabilidad estatal

El deterioro del servicio ya no es solo una queja vecinal, sino un problema estructural que pone bajo la lupa el rol del Estado local. Desde distintos sectores señalan que la Municipalidad de La Banda debería reforzar los controles sobre la concesión, auditar el cumplimiento del servicio y exigir contraprestaciones claras frente a los subsidios recibidos.

En este contexto, crece el reclamo por mayor transparencia y explicaciones tanto de la empresa como de las autoridades, en un escenario donde los números oficiales contrastan con la experiencia cotidiana de los usuarios.

La discusión, advierten, ya no pasa solo por la falta de recursos, sino por el uso y control de los fondos destinados a un servicio esencial.