Alberto Fernández y Sergio Massa concluyeron en que lo mejor para tratar la problemática ley es suspenderla, al menos hasta que se converja en mejores opciones, tanto para propietarios como para inquilinos.

   

La Ley de Alquileres vigente en Argentina desde junio de 2020 apunta a ser suspendida, según informaron fuentes del Ministerio de Economía. La normativa, que extendió la duración de los contratos de dos a tres años y estableció una actualización anual del valor mensual del alquiler, generó polémica desde su aprobación por el Congreso en noviembre de 2019. Propietarios e inquilinos expresaron su descontento y distintas iniciativas para modificar o derogar la ley no lograron avanzar en el Parlamento. La incertidumbre sobre su continuidad sigue afectando al mercado inmobiliario, que registra aumentos significativos en el valor de los alquileres.

De acuerdo a un relevamiento realizado por el portal inmobiliario Zonaprop, los precios de los alquileres para contratos nuevos aumentaron un 8,3% en marzo de este año. En el último trimestre de 2022, el aumento fue del 17,3%, mientras que en el primer trimestre de 2023 el incremento alcanzó el 25,7%. En los últimos doce meses, el precio de los alquileres subió un 118,6%. Los valores promedio para un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires son de $96.578 por mes, de $116.822 por mes para un departamento de dos ambientes, y de $156.078 por mes para una unidad de tres ambientes y 70 metros cuadrados.

La Ley de Alquileres generó incertidumbre desde su discusión en el Congreso, donde tuvo amplio consenso legislativo y fue aprobada en noviembre de 2019 (gobierno de Macri). Sin embargo, recién se sancionó en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, e introdujo al mercado dos cambios clave que generaron polémica: la extensión de la duración de los contratos y la actualización anual del valor mensual del alquiler según un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.

La suspensión de la Ley de Alquileres ya había sido discutida en distintas instancias, pero ninguna iniciativa logró avanzar en el Parlamento. En mayo de 2022 se firmaron tres dictámenes, uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, que no alteraron los puntos más polémicos de la ley. Para la oposición, el plazo de tres años y los índices de actualización eran precisamente los temas centrales a modificar.

Si este año se decide tratar nuevamente la Ley de Alquileres en el Congreso, el dictamen del oficialismo será el primero en ser considerado, según fuentes legislativas. En cualquier caso, el mercado inmobiliario espera una definición sobre la continuidad de la normativa, que sigue generando incertidumbre y aumentos en el valor de los alquileres.