En el inicio de un año que ya se perfila con fuertes tensiones económicas, el Gobierno nacional oficializó un nuevo golpe para la clase media argentina. A través del Decreto 943/2025, se puso en marcha el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), una medida que, bajo el argumento de la «eficiencia», eliminó de un plumazo el beneficio para más de 100.000 hogares que, desde el 1° de enero, comenzaron a pagar la tarifa plena de luz y gas.
Esta decisión representa un duro ajuste en las finanzas familiares, ya que el nuevo esquema endurece las condiciones de acceso y deja a miles de usuarios sin el colchón estatal que amortiguaba el impacto de los aumentos.
Las claves del ajuste tarifario
El nuevo modelo implementado por la gestión de Javier Milei borra la antigua segmentación por niveles (N1, N2 y N3) y simplifica el sistema en una lógica binaria: hogares con subsidio o sin él.
- Tope de ingresos más estricto: Para no perder la ayuda, los ingresos familiares deben ser inferiores a tres Canastas Básicas Totales ($3.771.987,09 según datos de noviembre). Superar este umbral, aunque sea por un margen mínimo, implica el salto automático a la tarifa plena.
- Patrimonio bajo la lupa: Además del sueldo, el Gobierno evaluará la posesión de vehículos con menos de cinco años de antigüedad o tener más de un inmueble, lo que dejará fuera a familias que, pese a tener ingresos limitados, poseen bienes básicos.
- Consumo limitado: Incluso para quienes mantienen el beneficio, el subsidio tiene «techo». En electricidad, solo se cubrirán hasta 300 kWh en meses críticos; todo consumo por encima de ese límite se cobrará a valor de mercado.
Los sectores obligados a reempadronarse
Para muchos, la pérdida del beneficio será automática si no realizan un nuevo trámite. Existe un grupo que, si no se inscribe en el ReSEF antes de que terminen los seis meses de gracia, sufrirá aumentos exponenciales:
- Usuarios que recibían la Tarifa Social de Gas (el régimen independiente fue eliminado).
- Beneficiarios del ex Programa Hogar.
- Usuarios de garrafas de GLP.
Impacto estacional: Un invierno que será costoso
La nueva normativa concentra las bonificaciones del gas exclusivamente entre los meses de abril y septiembre. Esto significa que cualquier ola de frío fuera de ese periodo —o el uso de gas para cocción y agua caliente en verano— deberá ser costeado íntegramente por el usuario, sin ningún tipo de asistencia estatal.
Con esta medida, el Gobierno busca acelerar la reducción del déficit fiscal, pero traslada el costo directamente a los sectores de ingresos medios que ya vienen lidiando con una caída del consumo y una actividad económica que, según el Indec, se desplomó casi un 9% en el cierre del año pasado.