La relación entre el Gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI) atraviesa un momento de parálisis técnica con fuertes implicancias financieras. A más de un mes de haber finalizado la última revisión en Buenos Aires, el staff del organismo aún no elevó el reporte al Directorio, bloqueando así un desembolso crítico de u$s 1.000 millones.
Los puntos de conflicto A pesar del alineamiento político entre la Casa Rosada y la administración de Donald Trump, la burocracia técnica del Fondo mantiene sus reservas sobre la sostenibilidad del plan económico de Luis Caputo. Los ejes de la demora son:
- El cepo cambiario: Es el principal foco de fricción. El FMI exige una hoja de ruta clara para la eliminación de las restricciones al dólar, mientras que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ratificó que el Gobierno no realizará cambios inmediatos en el esquema cambiario para evitar saltos inflacionarios.
- Reservas internacionales: El organismo sigue de cerca la capacidad de acumulación de divisas. El incumplimiento de las metas de diciembre de 2025 obliga al país a solicitar un waiver (dispensa), trámite que el staff técnico parece estar dilatando.
- Incertidumbre en los plazos: La misión técnica concluyó su trabajo el 12 de febrero, pero el silencio administrativo desde Washington genera dudas sobre cuándo se tratará finalmente el caso argentino en el Directorio.
Impacto en la gestión Para el Gobierno, los u$s 1.000 millones son considerados «urgentes» para fortalecer las reservas en un contexto de alta volatilidad regional y ante el inicio de la cosecha gruesa. La demora refleja que, más allá del respaldo geopolítico, el FMI exige resultados concretos en la normalización del mercado de cambios antes de liberar nuevos fondos.
Mientras tanto, el mercado financiero mantiene un optimismo cauteloso, apostando a que la sintonía política con EE. UU. terminará por destrabar el conflicto, aunque la prolongación del proceso sugiere que las diferencias técnicas son más profundas de lo previsto.