La madrugada de este domingo 25 de enero de 2026 se vio marcada por un fuerte conflicto judicial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El empresario santiagueño Ramiro Petros fue interceptado por personal de Migraciones alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando intentaba reingresar al país tras un viaje al exterior.

La retención se produjo debido a una alerta de detención en el sistema, vinculada a una denuncia por una camioneta presentada por un ciudadano de apellido Corvalán. Sin embargo, su abogado defensor, el Dr. Diego Lindow, calificó el hecho como una grave irregularidad procesal.

El argumento de la defensa

Según explicó Lindow, el procedimiento carece de sustento legal debido a los siguientes puntos:

• Efecto Suspensivo: La orden de detención original había sido apelada. La Cámara de Apelaciones concedió el recurso con «efecto suspensivo», lo que legalmente anula cualquier posibilidad de arresto hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
• Voluntad de presentarse: El abogado sostuvo que Petros regresaba a la Argentina precisamente para ponerse a disposición de la Justicia y declarar una vez concluida la feria judicial.
• Falta de comunicación: Tras recibir una copia del decreto judicial que lo amparaba, Petros perdió contacto con su defensa al ser trasladado por las autoridades de seguridad aeroportuaria.

Próximos pasos judiciales

Ante lo que consideran una privación ilegítima de la libertad, el Dr. Lindow adelantó que presentará un recurso de hábeas corpus de manera inmediata. El objetivo es que la Justicia ordene la liberación de Petros basándose en la resolución de la Cámara que frenaba la orden de captura.

El caso ha generado un fuerte debate sobre la actualización de las bases de datos de Migraciones y la coordinación entre los juzgados provinciales y las autoridades nacionales, especialmente cuando existen medidas suspensivas vigentes que protegen los derechos de los ciudadanos al ingresar al país.