Un episodio de extrema violencia sacudió los tribunales de San Martín, Buenos Aires, cuando un grupo de aproximadamente 20 sujetos armados con cuchillos y armas blancas irrumpió en la sede judicial de las calles Pueyrredón y Cerrito. El objetivo del ataque era amedrentar al magistrado Nicolás Schiavo, quien lidera una investigación contra una poderosa banda narco de la zona.
La situación fue de tal dramatismo que los empleados judiciales, entre los que se encontraba una mujer embarazada, debieron improvisar barricadas con chapones en la planta baja para evitar que los atacantes accedieran al primer piso, donde se ubican los despachos.
El trasfondo: la sombra del clan «Alicho»
Los investigadores vinculan este «atentado institucional» con la organización criminal liderada por Max Alí Alegre, conocido como «Alicho». Este grupo mantiene una disputa sangrienta por el control del territorio en el noroeste del conurbano contra la banda de «Mameluco» Villalba.
El ataque se produjo como represalia a una causa que tramita Schiavo desde el 22 de enero, tras un importante operativo en Villa Maipú donde se secuestraron:
- Armas de guerra (escopetas y pistolas 9mm).
- Chalecos antibalas y municiones.
- Elementos que indicaban un plan de la banda para retomar la venta de estupefacientes en la Villa Loyola.
Vulnerabilidad y repudio institucional
El ataque dejó al descubierto las precarias condiciones de seguridad de los tribunales bonaerenses. El edificio no cuenta con cámaras de seguridad internas ni externas, y la escasa presencia policial se vio desbordada por la cantidad de atacantes.
Por su parte, el juez Schiavo evitó personalizar la amenaza y prefirió centrar el debate en la crisis del sistema:
«Es un problema institucional hacia la Justicia. Esto pasa todos los días y ha pasado en otros departamentos judiciales. No voy a hacer una queja de las condiciones edilicias, pero tenemos que tomarnos esto con mucha seriedad».
El Colegio de Magistrados ya expresó su repudio y exigió medidas urgentes ante lo que consideran un avance alarmante del narcotráfico sobre las instituciones democráticas, poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios y del público presente.