Referentes institucionales y autoridades de Tierra del Fuego manifestaron un firme rechazo a la reciente intervención del puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional. Calificaron la medida como un avance «infundado» sobre la autonomía provincial y desmintieron categóricamente las acusaciones de irregularidades financieras que sirvieron de argumento para el desembarco federal.
La defensa local sostiene que la terminal portuaria fue gestionada con éxito y transparencia, cumpliendo con los estándares de seguridad y eficiencia requeridos para un punto estratégico del Atlántico Sur.
Claridad sobre los fondos y el préstamo a la provincia
Uno de los puntos más polémicos de la intervención fue la acusación de desvío de recursos. Al respecto, las autoridades fueguinas brindaron precisiones técnicas:
- Inversión, no desvío: Explicaron que el movimiento de fondos hacia la provincia no fue una «fuga», sino un préstamo bajo condiciones de mercado. El Gobierno provincial se comprometió a devolver el capital con intereses, transformando el excedente del puerto en una inversión rentable para el propio organismo.
- Financiamiento de la OSEF: Negaron que se hayan utilizado recursos de manera ilegítima para cubrir el déficit de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), asegurando que cada movimiento contable está debidamente registrado y auditado.
- Ausencia de denuncias: Remarcaron que, hasta el momento, no existen denuncias penales ni investigaciones judiciales por compras sobrevaluadas o adquisiciones innecesarias.
Seguridad operativa y personal
Otro de los argumentos nacionales para la intervención fue la supuesta falta de seguridad en las operaciones. Desde Tierra del Fuego señalaron una contradicción en este punto:
«La Agencia Nacional continúa operando el puerto con el mismo personal que ya se desempeñaba en el lugar, lo que confirma que la operatoria siempre fue segura y profesional».
Según los referentes locales, si existiera un riesgo real en la seguridad, la intervención habría modificado los protocolos o el equipo técnico, algo que no ha sucedido, reforzando la idea de que la medida responde a una decisión política para tomar el control de la caja portuaria.
Reclamo de autonomía constitucional
Finalmente, el conflicto se encamina hacia una batalla judicial. El Gobierno fueguino exigió que la Justicia garantice el respeto a la autonomía provincial, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional. Consideran que el puerto es un recurso genuino de los fueguinos y que la intervención nacional carece de sustento jurídico firme para desplazar a las autoridades elegidas por la provincia.