En una maniobra que la oposición califica como un ataque a traición contra la clase trabajadora, el Gobierno celebró con euforia la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado. Con 42 votos a favor, el oficialismo logró imponer su agenda sobre un sector laboral que se encuentra en un estado de total vulnerabilidad, aprovechando la fragmentación política para avanzar sobre conquistas históricas bajo la promesa de una «modernización» que, en la práctica, elimina las redes de seguridad del empleado.

La Casa Rosada calificó el resultado como un «punto de inflexión», mientras que los sectores gremiales denuncian que se está actuando sobre seguro para desmantelar la protección jurídica de quienes menos tienen.

El argumento oficial el fin del resguardo laboral

Para el Ejecutivo, la victoria legislativa es el respaldo necesario para profundizar un esquema que desprotege al trabajador bajo el pretexto de beneficiar a las empresas. En su comunicación, resaltaron pilares que la oposición interpreta como los instrumentos de esta ofensiva:

• Eliminación del reclamo: Bajo el nombre de «fin de la incertidumbre», el Gobierno busca que las empresas puedan prescindir de empleados sin el «temor» a las consecuencias legales, reduciendo la capacidad de defensa ante despidos.
• Flexibilización por decreto: Se amparan en la «modernización tecnológica» para justificar la precarización de los nuevos empleos, adaptando las leyes a las necesidades del mercado y no a la dignidad del trabajador.
• Desguace administrativo: Plantean la reducción de la burocracia como una vía libre para que el capital imponga sus condiciones de contratación sin la mirada de control del Estado.

Desde sus redes, el presidente calificó el hecho como «histórico», reforzando la idea de que la desprotección del asalariado es la única «llave» posible para la rentabilidad empresaria.

Ofensiva final Diputados en la mira

Sin dar tiempo a la reacción social ni al rearmado de las fuerzas opositoras, el oficialismo busca asestar el golpe definitivo en la Cámara de Diputados. El proyecto será girado de inmediato para ser tratado en sesiones extraordinarias, una táctica que busca aprovechar el impulso político y la mayoría circunstancial antes de que el costo social de la medida se haga sentir en las calles.

Pese al rechazo del bloque peronista y de las centrales obreras, el Gobierno confía en que la «maquinaria» de acuerdos con los gobernadores le permita sancionar la ley de manera inmediata. De concretarse, Argentina entraría en un nuevo régimen donde la indefensión del trabajador se convierte en política de Estado, garantizando la impunidad patronal frente a los abusos laborales.