El fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, presentó un pedido formal ante la Justicia para prohibir de manera inmediata el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de su libertad. La solicitud pone el foco sobre la «Banda del Millón», una peligrosa organización delictiva cuyos líderes, a pesar de estar tras las rejas, continuarían operando en la zona norte del Gran Buenos Aires.
La banda está integrada por 40 detenidos acusados de cometer dos homicidios y múltiples robos violentos. Según la investigación, los cabecillas utilizan la tecnología para «regentear» a menores de edad y coordinar nuevos golpes desde sus celdas.
Los argumentos de la fiscalía
Ferrari sostiene que la tenencia de dispositivos móviles dentro de los penales ha transformado las celdas en «oficinas» desde donde se planifican, dirigen y ejecutan delitos graves. Entre los puntos más críticos señalados por el fiscal se encuentran:
- Coordinación delictiva: Los líderes utilizan aplicaciones de mensajería para organizar asaltos en tiempo real y asignar roles a los integrantes que se encuentran en libertad.
- Gestión financiera: Se detectó que los delincuentes utilizan los celulares para recibir transferencias bancarias provenientes de ilícitos o extorsiones.
- Uso de menores: La banda recluta y envía directivas a menores de edad para llevar adelante los actos de violencia, buscando aprovechar su situación de inimputabilidad o penas menores.
Medidas de control propuestas
Para frenar esta operatividad, el fiscal Ferrari solicitó que la Justicia ordene al Servicio Penitenciario la implementación de un protocolo de seguridad mucho más estricto:
- Bloqueadores de señal: La instalación de inhibidores de frecuencia en los pabellones para anular cualquier tipo de comunicación inalámbrica.
- Requisas diarias: Operativos constantes en las celdas para incautar dispositivos ingresados de manera ilegal.
- Prohibición absoluta: Eliminar el beneficio de uso de celulares que se había extendido de manera excepcional en el pasado, especialmente para perfiles de alta peligrosidad.
El pedido de Ferrari se enmarca en una discusión nacional sobre la seguridad en las cárceles y la capacidad del Estado para impedir que el crimen organizado siga funcionando desde el interior de los establecimientos penitenciarios.