El fondo de inversión CIMA se convierte ahora en el principal acreedor, desplazando a los bancos internacionales. La pelota está en la Corte Suprema de Santa Fe.

El grupo inversor nacional CIMAanunció la compra de la deuda de la empresa Vicentin con bancos internacionales. La operación involucra deuda valuada en casi 450 millones de dólares, tuvo lugar el pasado 12 de noviembre y fue notificada este martes a los tribunales involucrados en el proceso de quiebra que ya lleva varios años.

Entre las entidades financieras acreedoras se encuentran el IFC (205,7 millones de dólares), el FMO (122,3 millones de dólares), ING (46,5 millones de dólares), Rabobank (22,7 millones de dólares), MUFG (12,4 millones de dólares), SMBC (12,3 millones de dólares) y Natixis (9,9 millones de dólares). Sin embargo, se estima que CIMA pagó aproximadamente 70 millones de dólares por estas acreencias. De este modo, CIMA ahora se convierte en el principal acreedor de Vicentin. La especulación, claro está, es cobrar más una vez que se resuelva el concurso.

«Nuestro compromiso está enfocado en garantizar la continuidad de la empresa, preservar las fuentes laborales y aportar al desarrollo del sector. Como representantes del mayor acreedor del concurso, la intención es colaborar en una pronta solución que contemple en forma ecuánime los intereses de las distintas partes, en particular aquella que incluya la conservación de las fuentes de trabajo», expresaron desde CIMA.

El directorio de Vicentin dijo que el cambio de manos de deuda no cambia su estrategia para finalizar el concurso. «Seguimos enfocados en alcanzar una resolución que permita estabilizar la empresa y garantizar su continuidad operativa«, indicó.

Default y concurso

Vicentin está en default desde diciembre de 2019 y en concurso de acreedores formalmente desde febrero de 2020. La novedad es que ahora el fondo de inversión CIMA compró créditos correspondientes a los montos verificados en el marco del concurso de la cerealera por un total nominal de 447 millones de dólares.

Si bien no hay información oficial al respecto, fuentes del mercado hablan de un monto pagado por CIMA del orden de los 70 millones de dólares, por debajo de lo que había propuesto Vicentin en el marco del concurso de acreedores, que eran unos 135 millones de dólares. CIMA se habría asociado en esta operación con la corredora Grassi, que lidera el grupo de disconformes con el plan de pagos propuesto por Vicentin.

A nivel judicial, el próximo paso dentro del concurso está en manos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que debe decidir si se homologa o si en cambio va a un proceso de cramdown. Se especula que lo más probable es que la situación avance hacia el llamado «cramdown», un mecanismo contemplado en la legislación argentina que permite a terceros presentar una oferta para competir con el plan de pagos original de Vicentin y hacerse con la operatoria de la compañía.

Reacción

El Directorio de Vicentin reaccionó con el siguiente comunicado: “Hacemos saber a nuestro personal, a nuestros acreedores y a todas las partes relacionadas con el concurso de la sociedad que, de confirmarse esta información –en relación al ingreso de CIMA como principal acreedor–, nada habrá cambiado en el proceso cuya terminación perseguimos hace más de dos años y medio”, dijo.

“Desde hace dos meses, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe tiene en sus manos la homologación definitiva de la propuesta que aprobaron una mayoría contundente de acreedores, y esperamos que resuelva conforme a derecho”, continúa Vicentin.

“La sociedad ha hecho saber reiteradamente que, frente a las reiteradas dilaciones en alcanzar la homologación, ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su giro ordinario, y que ha adoptado las medidas de crisis necesarias para sobrellevar la situación afectando lo menos posible a sus trabajadores, lo que no podrá sostener en el futuro cercano. Dadas las dificultades financieras tan acuciantes en este momento, la sociedad también ha hecho saber que no dispone de los recursos para financiar un proceso de cramdown”, advierte la firma agroexportadora.

Pidió a la Corte Suprema de Santa Fe que resuelva sin más dilaciones la situación «para que finalmente, todas las partes relacionadas al proceso concursal puedan dar vuelta la página y terminar este largo capítulo por un camino comprobadamente seguro para la continuidad de la empresa y de las fuentes laborales relacionadas directa e indirectamente”.

Fuente: Página 12