El anuncio de que Joaquín Mogaburu será el nuevo subsecretario de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia de Javier Milei ha desatado una fuerte polémica, tanto por el conflicto institucional que representa como por las prácticas de «casta» asociadas a su traspaso.
Mogaburu se desempeña actualmente como secretario del Tribunal Oral Federal (TOF) 7, la instancia que está llevando adelante el juicio de la causa de los cuadernos contra Cristina Fernández de Kirchner. Su salto al Poder Ejecutivo, liderado por un presidente que se ha jactado públicamente de haber decidido que la líder peronista debería estar presa, plantea una inmediata y profunda controversia sobre la división de poderes.
El Sueldo de la «Casta»
La polémica no es solo política, sino económica y reglamentaria. Mogaburu presentó una nota solicitando la «adscripción» para cumplir funciones en el Ejecutivo. Este régimen le permitiría mantener el cargo y, crucialmente, el sueldo que percibe del Poder Judicial, una remuneración significativamente más alta y que, según él, es el «sostén económico de su grupo familiar».
Este intento de llevarse el sueldo judicial a un cargo del gobierno, una práctica criticada como propia de la «casta» que el propio Milei promete eliminar, no ha caído bien en la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá discutir el pedido. Se recuerda que un intento similar para su cargo anterior en Defensa fue rechazado por la Corte Suprema, obligándolo a tomar licencia sin goce de sueldo. Hasta que se resuelva su situación en Comodoro Py, Mogaburu no podrá asumir el cargo en el Ministerio de Justicia.
La Complicidad del TOF 7 y la «Memoria Completa»
La situación se agravó por la actitud de los jueces del TOF 7 (Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero), quienes prestaron conformidad para la adscripción. No obstante, lo hicieron con la «condición» de que la Casación y la Corte les otorgaran un cargo equivalente y otras cinco designaciones de personal que venían reclamando, invocando la necesidad de personal para afrontar el juicio a CFK. Esta acción fue vista con estupor en la justicia, ya que parecía priorizar sus pedidos de personal por encima de la independencia de poderes.
Mogaburu ya venía de desempeñarse como director de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario en el Ministerio de Defensa bajo Luis Petri. Durante su paso por Defensa, eliminó los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) que aportaban documentación crucial a las causas de lesa humanidad. Además, trabajó estrechamente con figuras como Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, ambos hijos de militares de los años 70 y promotores de la denominada «memoria completa,» un enfoque que se manifestó en seminarios llevados a cabo en liceos militares, cuyo contenido Mogaburu solo describió como un mensaje de «concordia política y perdón que emociona».