En un contexto de alta tensión presupuestaria y con el ciclo lectivo 2026 en la mira, el diputado Nicolás Trotta presentó en el Congreso el proyecto de Ley de Fortalecimiento Salarial Educativo. La iniciativa, respaldada por otros 22 legisladores, busca declarar la emergencia salarial educativa para frenar la pérdida de poder adquisitivo del sector, que acumuló una caída del 19% entre 2023 y 2025.

La propuesta central consiste en utilizar partidas ya existentes del Estado Nacional para financiar complementos salariales directos, evitando así la creación de nuevos impuestos.

El esquema de refuerzo: entre el 7% y el 18% de suba

El proyecto establece un adicional salarial financiado con el 1% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El impacto en el bolsillo de los trabajadores de la educación variaría según la zona y el tipo de establecimiento:

• Alcance general: Un incremento estimado de entre el 7% y el 10% del salario bruto, dependiendo de la jurisdicción.
• Zonas vulnerables: En escuelas con alta vulnerabilidad social, el refuerzo podría llegar al 18%.
• Monto promedio: Para un docente con dos cargos, el adicional superaría los 100.000 pesos mensuales.

Infraestructura y reasignación de fondos subejecutados

Un punto clave de la iniciativa es el uso de fondos que el Gobierno Nacional no ejecutó durante el ejercicio 2025. Se trata de unos 740.500 millones de pesos en ATN que actualmente se encuentran inmovilizados.

• Reparación escolar: Los fondos se destinarían a obras de mantenimiento y puesta en valor de edificios educativos en todo el país.
• Escuelas técnicas: El proyecto estipula que un 25% de esos recursos debe asignarse específicamente a la infraestructura de escuelas técnicas estatales.

Los fundamentos políticos y económicos

La presentación del proyecto se da tras la eliminación definitiva del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), medida que los legisladores de la oposición señalan como la principal causa de la brecha salarial actual entre provincias.

Trotta y sus pares sostienen que existe un «consenso amplio» sobre la necesidad de que el Estado Nacional recupere su rol como inversor educativo. Al proponer el uso de recursos existentes (remanentes de ATN y partidas corrientes), los autores buscan sortear el argumento del «déficit cero» del Ejecutivo, planteando que se trata de una cuestión de prioridad política en el gasto y no de falta de recursos.