El proyecto de «Ley de Promoción de Inversiones y Empleo» impulsado por el Gobierno de Javier Milei introduce una modificación regresiva en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que desdibuja el derecho al descanso y otorga mayor discrecionalidad a los empleadores para definir las vacaciones de sus empleados.

La reforma busca «flexibilizar» el descanso anual, a costa de la planificación del trabajador, mediante los siguientes cambios:

Principales recortes al descanso anual

• Fraccionamiento obligatorio: La ley permitirá que las vacaciones se «otorguen en forma fragmentada», obligando a los trabajadores a tomar su descanso en múltiples tandas, con períodos no inferiores a una (1) semana.
• Decisión del empleador: El proyecto elimina la estacionalidad, permitiendo al empleador conceder el goce de las vacaciones «en cualquier momento del año», con solo avisar con 21 días de anticipación. Esto dificulta la planificación familiar y el descanso adecuado.
• Adiós al verano anual: La ley flexibiliza la protección de la temporada alta, estableciendo que el goce total de las vacaciones en una temporada de verano (diciembre a marzo) solo deberá garantizarse «cada dos (2) períodos». Sin embargo, la ley añade la polémica salvedad de que esta protección se anula si el trabajador «opta en contrario».

El único derecho que se mantiene intacto es el de los trabajadores casados o en unión familiar que trabajan para el mismo empleador a solicitar sus vacaciones de forma conjunta y simultánea. La oposición critica que la medida prioriza la eficiencia empresarial por encima de la calidad de vida y los derechos laborales.