La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad este jueves una histórica Ley de Amnistía General, una medida que busca la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos y el cierre de procesos judiciales abiertos durante los últimos 27 años.
La norma fue promulgada horas después por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero. Según Rodríguez, la ley marca un «nuevo momento político» orientado a la pacificación y el reencuentro nacional.
Alcance y exclusiones de la ley
El texto legal establece la extinción de responsabilidades penales para hechos de carácter político ocurridos desde 1999 hasta la actualidad, incluyendo las protestas posteriores a las elecciones de 2024. Sin embargo, la amnistía contempla límites estrictos:
- Hechos cubiertos: Abarca manifestaciones, actuaciones de la Asamblea Nacional (periodo 2016-2021) y casos de ciudadanos investigados por disentir del gobierno.
- Exclusiones críticas: No podrán beneficiarse personas condenadas por violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, narcotráfico o acciones armadas contra la soberanía nacional.
- Plazos de implementación: Los tribunales correspondientes tendrán un máximo de 15 días continuos para revisar los expedientes y decretar la libertad de los beneficiarios.
El contexto de la transición
La aprobación de esta ley ocurre en un escenario de profunda conmoción institucional. Tras el arresto de Maduro —quien actualmente enfrenta cargos por narcotráfico en una corte de Nueva York—, el país ha iniciado un proceso de revisión bajo la mirada atenta de la comunidad internacional y del gobierno de Donald Trump, quien ha condicionado el levantamiento de sanciones a una «transición segura».
Según datos de la ONG Foro Penal, tras las 444 excarcelaciones realizadas desde principios de enero, todavía permanecen detenidas unas 644 personas por causas políticas. Organizaciones de derechos humanos han recibido la noticia con optimismo pero mantienen la cautela, exigiendo que la implementación sea transparente y no selectiva.
Próximos pasos en la crisis
Mientras se espera el inicio de las liberaciones masivas, la atención se centra ahora en el destino de centros de detención emblemáticos como «El Helicoide», cuyo cierre fue solicitado por la propia presidenta interina. La efectividad de esta amnistía será una prueba de fuego para el gobierno de transición en su intento por ganar legitimidad y estabilizar el país antes de un eventual llamado a elecciones.