El plan privatizador del Gobierno de Javier Milei, que incluye a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país, enfrenta una creciente oposición judicial. Este jueves, se presentó el segundo amparo colectivo para frenar la venta de la compañía.
El concejal Fernando Martínez del partido de Exaltación de la Cruz presentó la acción ante el Juzgado Federal de Campana, buscando frenar la venta del 44% de NA-SA y argumentando la inconstitucionalidad del Decreto 695/2025.
Argumentos contra la Privatización
El nuevo amparo se suma a la preocupación por la soberanía energética, la rentabilidad de la empresa y el riesgo para el sistema:
- Rentabilidad de NA-SA: La empresa opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse y, contrariamente a la justificación oficial para las privatizaciones, es rentable. En el primer trimestre de este año, obtuvo 17 millones de dólares en ganancias.
- Riesgo y Justificación: El concejal Martínez expresó que «Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema».
- Impacto Tarifario: Se pretende frenar cualquier privatización parcial o total debido al riesgo de desfinanciamiento del sector y los posibles aumentos tarifarios, ya que «Los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre el servicio».
Medida Cautelar y Amparo Previo
El amparo solicita una medida cautelar para pausar cualquier tipo de «licitación, oferta o transferencia de acciones» hasta que la Justicia tome una decisión sobre el fondo de la cuestión.
El primer amparo había sido presentado por la diputada de Unión por la Patria (UxP) Gabriela Estévez, quien solicitó la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 695/2025 y de la Resolución 1751/2025. Este se tramita en el juzgado federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja.
Martínez concluyó que la energía nuclear es «un bien público, construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino. No se puede vender lo que no se puede justificar. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo”.