El viernes se abren los sobres con las ofertas para las cinco represas. Nicky Caputo tiene avanzada la renovación del Chocón.
Un escándalo sobrevuela la concesión de las cinco grandes represas argentinas por los próximos treinta años, que aspira a ser un hito en el hasta ahora fallido ímpetu privatizador de Milei. Este viernes se abrirán los sobres de las ofertas económicas de las empresas que aspiran a quedarse con las represas del Comahue y la norteamericana AES podría quedar en medio de una polémica.
AES obtuvo una sentencia favorable en el CIADI contra el Estado argentino por unos USD 750 millones, y según confió a LPO un directivo al tanto de los pormenores de la licitación, pretendería descontar ese monto de la reconcesión de la represa Alicurá., que actualmente opera. Hay quienes sostienen que una empresa que demandó al Estado argentinono debería competir en una licitación nacional.
La vista gorda de la administración de Milei con esta firma de capitales norteamericanos, se da en el preciso momento que la administración Trump rescató a la gestión libertaria y cuando se habla de un pliego de condiciones no escritas, como la expulsión de las inversiones chinas.
Como sea, este viernes se licitarán cinco centrales hidroeléctricas que fueron concesionadas en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem: El Chocón actualmente operada por la italiana Enel, junto con Arroyito. Piedra del Águila, bajo el manejo de la argentina Central Puerto, del empresario Nicky Caputo. Alicurá, operada hasta ahora por la estadounidense AES Argentina. Planicie Banderita, que era administrada por Aconcagua Energía, rebautizada luego como Tango Energy, rescatada de la quiebra por Miguel Galuccio. Y Pichi Picún Leufú, operada por Orazul Energy.
En el sector se comenta que la tasación de los activos fue claramente subvaluada. Legisladores patagónicos de las provincias de Neuquén y Río Negro presentaron medidas cautelares denunciando que no se respetó el procedimiento legal, en particular, que no intervino el Tribunal de Tasaciones de la Nación como exige la ley.
Las más relevantes en potencia son El Chocón y Piedra del Águila cada una con más de 1.000 MW de capacidad instalada. Por su parte Arroyito con 128 MW y Pichi Picún con 261 MW funcionan como «represas de compensación»: su capacidad es menor, precisamente porque no tienen el foco de alta generación, sino de regulación hidráulica.
En el sector se comenta que la tasación de los activos fue claramente subvaluada. Legisladores patagónicos de las provincias de Neuquén y Río Negro presentaron medidas cautelares denunciando que no se respetó el procedimiento legal, en particular, que no intervino el Tribunal de Tasaciones de la Nación como exige la ley.
Oficialmente, el Gobierno pidió USD 200 millones por cada una de las dos más grandes El Chocón y Piedra del Águila, y alrededor de USD 50 millones para Planicie Banderita y Alicurá.
Entre los que ya se anotan para disputar el botín se encuentran la estadounidense AES, Nicky Caputo con Central Puerto; Rubén Chernajowsky en sociedad con los hermanos Neuss; Genneia, que tiene entre sus socios a la familia Brito; YPF; MSU Energy de Manuel Santos Uribelarrea; Pampa Energía de Marcelo Mindlin; y Javier Madanes Quintanilla dueño de Aluar.
Otro punto oscuro se desprende del requisito original del pliego donde se exigía acreditar experiencia en centrales que operaran más de 600 MW. Pero en el sector sospechan que el Gobierno rebajó el corte a tan sólo 100 MW, para que puedan participar d ela licitación empresarios amigos. Con esto ampliaron la puerta para jugadores chicos.Ahí aparece otra incógnita: ¿perderá Enel la concesión ante un jugador menor del mercado doméstico?
La apertura de sobres estaba prevista para el 23 de octubre, pero sorpresivamente se suspendió horas antes. ¿Quién presionó para patear la fecha? ¿Lobby de empresas? Según afirmó a LPO un empresario del sector: «a las provincias les cerraron el pico a fuerza de regalías». Algunos advierten que estos contratos podrían representar «el mayor daño estructural al sistema eléctrico en términos de costo de abastecimiento».
Otro punto oscuro se desprende del requisito original del pliego donde se exigía acreditar experiencia en centrales que operaran más de 600 MW. Pero en el sector sospechan que el Gobierno rebajó el corte a tan sólo 100 MW, para que puedan participar d ela licitación empresarios amigos.
No hay duda de que se trata de un negocio con exuberantes ganancias: las centrales están en perfecto estado de mantenimiento, y la adjudicación garantiza tarifas dolarizadas por 30 años.
Lo más grave es el fondo de la cuestión: las centrales fueron construidas por el Estado argentino, con dinero de todos los argentinos y ahora se las remata a un precio que no ha sido debidamente tasado.
Una operación es similar se encuentra en el pasado reciente: la venta de las centrales térmicas durante el macrismo que terminó empujando al Estado a subsidiar, dejó una huella de advertencia.
Las centrales térmicas Brigadier López en Santa Fe y Ensenada de Barragán en las afueras de La Plata fueron construidas por el Estado nacional durante los años del kirchnerismo bajo la órbita de ENARSA. Eran parte del plan para expandir la generación eléctrica con fondos públicos, pero terminaron convertidas en piezas del proceso de privatización encubierta que se activó durante el gobierno de Mauricio Macri.
La primera venta de Ensenada de Barragán y Brigadier López, en 2019 fue impulsada través de un concurso internacional con asesoramiento del estudio Tavarone Rovelli Salim & Miani, el mismo que ahora diseña los pliegos del gobierno para la venta de activos energéticos y tiene entre sus clientes a empresas oferentes, como el caso de Central Puerto de Nicky Caputo .
Brigadier López fue vendida a Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin, por 110 millones de dólares, en compromisos de inversión. Pampa se comprometió a completar el ciclo combinado, obra que finalizó en 2020, elevando la potencia a 420 MW. Ensenada de Barragán fue adquirida por YPF Luz, una sociedad integrada por YPF con 75 % y GE Energy Financial Services con 25 %. El precio rondó los 540 millones de dólares, aunque buena parte también correspondía a la finalización de obras y pasivos. En ambos casos, el Estado había invertido miles de millones en su construcción y, sin embargo, las vendió a valores que los especialistas consideraron subvaluados.
Desde que vencieron las concesiones en agosto de 2023, la historia de las represas se volvió una sucesión de tropiezos y dilaciones. Eran contratos firmados en los años noventa, antes de la reforma constitucional de 1994, cuando la propiedad de los recursos hídricos todavía correspondía al Estado nacional. Por eso, cuando se cumplieron los 30 años de concesión, los activos debían volver automáticamente a la órbita nacional. Pero eso nunca pasó.
El gobierno de Alberto Fernández dejó correr el reloj y, en vez de recuperar las centrales, prorrogó una y otra vez los contratos con las mismas empresas privadas que venían explotándolas desde la privatización menemista.
Es cierto que el anterior gobierno trabajó activamente para que las represas hidroeléctricas del Comahue volvieran a manos del Estado nacional. Desde el área de Energía se creó la ETHAC (Equipo de Trabajo de Aprovechamiento Hidroeléctrico Concesionado) como vehículo estatal para recibir los activos una vez revertidos, y se avanzó en auditorías técnicas, valuaciones y estudios de estado de las centrales, con el respaldo de ENARSA, que constituyó las sociedades específicas necesarias para asumir la operación.
Sin embargo, en un giro que descolocó incluso a los equipos que habían trabajado en el traspaso, el gobierno decidió prorrogar las concesiones en julio de 2023, extendiendo el régimen de transición y postergando la recuperación efectiva de las centrales. Así, pese a haber hecho todo el trabajo previo para la reestatización, el proceso quedó frenado a último momento.
Con el cambio de gobierno, el patrón se repitió. En enero de 2024, el Ejecutivo volvió a prorrogar por otros 60 días las concesiones. La transición se transformó en una rutina administrativa: cada dos meses, un decreto o resolución extendía la «gestión provisional» y postergaba la reversión definitiva. Ahora, finalmente se concesionarán.
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