La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su firme preocupación ante el debate legislativo y social que propone la baja de la edad de imputabilidad penal en el país. A través de un documento emitido por su Comisión Ejecutiva, la Iglesia sostuvo que centrar la respuesta al delito juvenil exclusivamente en el castigo punitivo es una simplificación que no ataca las raíces profundas de la inseguridad y la vulnerabilidad social.
El pronunciamiento se dio en coincidencia con la festividad de San Juan Bosco, patrono de la juventud, cuya figura fue utilizada por los obispos para recordar que la verdadera transformación de los menores en conflicto con la ley llega a través de la educación y el trabajo, y no únicamente por el encierro.
Los ejes del cuestionamiento eclesiástico
La cúpula de la Iglesia Católica Argentina basó su postura en tres pilares fundamentales que, a su criterio, el Estado debe priorizar antes que la sanción penal:
- Eficacia del sistema carcelario: La CEA puso en duda la capacidad de los establecimientos penitenciarios actuales para lograr la reinserción. Citando informes de la Pastoral Social, se preguntaron si las cárceles ofrecen hoy posibilidades reales de educación o si, por el contrario, agravan la situación de los menores.
- Prevención vs. Sanción: El comunicado subraya que el Estado suele llegar tarde, cuando el daño ya está hecho. Reclamaron políticas de acompañamiento que fortalezcan el vínculo entre la familia, la escuela y la comunidad.
- Régimen Penal Juvenil Humano: Si bien no ignoran la necesidad de justicia, proponen un marco legal que sea «integral y abierto a la esperanza», evitando respuestas que condenen el futuro de los adolescentes más vulnerables.
Un llamado a la responsabilidad compartida
Para la Iglesia, la niñez debe ser tratada como «tierra sagrada», especialmente en contextos de pobreza donde el acceso a derechos básicos es limitado. La institución instó a los legisladores y a la sociedad civil a no buscar soluciones rápidas que solo calmen la opinión pública, sino a invertir en herramientas de desarrollo pleno para los jóvenes.
Con este mensaje, la Conferencia Episcopal marca una clara distancia de la agenda punitivista que impulsa un sector del arco político nacional, reafirmando su compromiso con una mirada social y pedagógica sobre la problemática del delito infantil.