A 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas a represores por crímenes de lesa humanidad y volvió a establecer una definición clave: el terrorismo de Estado funcionó como un sistema organizado para desaparecer personas.
La Sala II del máximo tribunal penal ratificó, entre otras penas, prisiones perpetuas por los denominados “vuelos de la muerte”, al rechazar los planteos de las defensas en causas vinculadas a la ESMA y a Campo de Mayo.
Un sistema planificado de exterminio
En el fallo, los jueces definieron que estos centros clandestinos no fueron lugares de detención aislados, sino verdaderos dispositivos de exterminio dentro de un esquema represivo estatal.
Según la resolución, el objetivo fue la “deshumanización total” de las víctimas, sometidas a un control absoluto en el marco de un plan sistemático de violencia.
Mujeres, maternidad y violencia extrema
Uno de los puntos centrales del fallo fue el análisis de lo ocurrido con mujeres embarazadas detenidas en la ESMA. Allí se confirmó la condena al médico naval Jorge Luis Magnacco por su participación en partos en cautiverio.
El tribunal sostuvo que estas prácticas formaron parte del plan sistemático de apropiación de niños y constituyeron una forma extrema de violencia de género, con negación absoluta de derechos básicos.
Los “vuelos de la muerte”, eje de la condena
En la causa de Campo de Mayo, la Justicia volvió a señalar a los “vuelos de la muerte” como un mecanismo sistemático para eliminar personas sin dejar rastros.
Se confirmaron las condenas a los pilotos Ángel Delsis Malacalza y Eduardo José María Lance, responsables de estos operativos desde el Batallón de Aviación 601.
El fallo reconstruyó cómo, desde 1976, comenzaron a aparecer cuerpos en las costas, lo que permitió evidenciar esta metodología clandestina de exterminio.
El rol de la ciencia y los testimonios
La sentencia destacó el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, fundamental para identificar restos y comprobar las causas de muerte, desarmando los intentos de ocultamiento.
También se valoraron los testimonios de sobrevivientes y conscriptos, claves para reconstruir el circuito represivo: secuestros, torturas, traslados y ejecuciones.
Advertencia sobre memoria y políticas públicas
Además de las condenas, el tribunal advirtió sobre los riesgos de debilitar las políticas de memoria y los organismos encargados de preservar pruebas y sitios históricos.
En ese sentido, remarcó que el Estado tiene la obligación de garantizar verdad y justicia, y que el deber de memoria no es opcional.
El fallo, en un nuevo aniversario del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, deja un mensaje contundente: reconocer estos crímenes no solo es parte del pasado, sino una responsabilidad vigente para evitar su repetición.