El envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por parte del gobierno de Javier Milei generó malestar entre los gobernadores, que consideran insuficiente la asistencia frente a la caída de recursos que enfrentan en lo que va del año.

Según trascendió, la Nación distribuyó unos $47 mil millones durante marzo entre distritos aliados, un monto que desde las provincias califican como “mínimo” en comparación con las pérdidas acumuladas. “No cubre ni el 6% de lo que perdimos”, señalaron desde el entorno de uno de los mandatarios.

Distribución desigual y críticas

Entre los principales envíos se destacan:

• Corrientes: $8 mil millones
• Mendoza: $7 mil millones
• Entre Ríos: $6 mil millones

En tanto, provincias como Jujuy y Neuquén recibieron cerca de $2 mil millones, mientras que distritos gobernados por la oposición no habrían recibido transferencias.

Este esquema profundizó el malestar en el interior, donde aseguran que la asistencia no alcanza para compensar el deterioro de las finanzas provinciales.

Fuerte caída de la coparticipación

El principal reclamo apunta a la pérdida de recursos por coparticipación. Entre enero y febrero, las provincias acumularon una caída real de aproximadamente $838 mil millones en comparación con el mismo período de 2025.

En promedio, los 24 distritos registraron una baja del 6,9%. Entre los más afectados se encuentran:

• Ciudad de Buenos Aires (-8,1%)
• Córdoba (-7,8%)
• Santa Fe (-7,7%)

Por su parte, la provincia de Buenos Aires registró una caída del 5,9%, aunque en términos nominales representa unos $161 mil millones.

Impacto de la recesión y otros factores

Desde las provincias atribuyen este escenario a varios factores combinados: la recesión económica, la caída de la recaudación —que en febrero descendió un 9,5%— y decisiones del Gobierno nacional vinculadas a la distribución de fondos.

Entre los puntos más cuestionados, mencionan la reducción de transferencias en áreas como educación y seguridad, así como la situación del impuesto a los combustibles, cuya coparticipación o asignación a obras viales es motivo de disputa.

En este contexto, crece la tensión entre la Nación y los gobiernos provinciales, en un escenario marcado por la caída de ingresos y la necesidad de financiamiento para sostener servicios básicos.