La histórica dirigente de derechos humanos Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida públicamente como Taty Almeida y una de las principales referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, falleció a los 95 años. El deceso se produjo tras permanecer internada durante un período de tres semanas en las instalaciones del Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generando profundas muestras de pesar en diversos arco sociales, políticos e institucionales del país.
La trayectoria de su militancia, el contexto del secuestro de su hijo y el impacto de su legado se detallan a continuación:
Orígenes profesionales y el acontecimiento que reconfiguró su vida
Nacida el 28 de junio de 1930 en el barrio porteño de Belgrano, Almeida ejerció la docencia como profesión y mantuvo durante gran parte de su juventud una vida ajena a la participación o militancia política. Su incorporación activa al reclamo civil se originó de manera directa el 17 de junio de 1975, fecha en la que su hijo Alejandro Martín Almeida, de 20 años de edad, quien se desempeñaba como trabajador de la agencia de noticias estatal Télam y cursaba la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue secuestrado por la organización parapolicial Triple A, permaneciendo desde entonces en condición de detenido desaparecido.
Consolidación como referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
A partir de la desaparición de su hijo, transformó su demanda individual de justicia en una articulación colectiva que la llevó a integrar los núcleos fundacionales de los movimientos de derechos humanos en la República Argentina. A lo largo de las décadas, su figura se consolidó como una de las voces públicas más reconocidas en las movilizaciones, audiencias judiciales y actividades pedagógicas orientadas a la preservación de la memoria histórica, la reconstrucción de los hechos vinculados al terrorismo de Estado y la exigencia de juicios bajo las garantías del debido proceso.
Repercusión institucional y trascendencia de su legado civil
La confirmación de su fallecimiento motivó pronunciamientos de diversas organizaciones sociales e instituciones gubernamentales, las cuales coincidieron en señalar la importancia de su rol en la construcción democrática del país. Su labor, caracterizada por la persistencia en el reclamo pacífico y el acompañamiento a las nuevas generaciones de activistas, es considerada una pieza fundamental en el andamiaje de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que identifican la agenda de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
