El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de prueba para investigar si Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, resultó beneficiaria de contratos con el Estado Nacional. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló que Angeletti habría obtenido réditos económicos a través de su consultora «+Be» mediante vínculos con empresas contratistas públicas.

A pedido del fiscal Carlos Stornelli, el magistrado solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Oficina Nacional de Contrataciones informes detallados sobre un grupo de firmas tecnológicas y de servicios. La investigación busca determinar si empresas como Area Tech S.A., Movilgate S.R.L. y Tsoft Informática S.A.S., entre otras, mantienen un entramado societario que vincule a la mujer del funcionario con la provisión de servicios de mensajería masiva, soporte técnico y hasta la explotación comercial del predio de Tecnópolis.

La denuncia de Pagano, quien integró el bloque oficialista antes de formar su monobloque «Coherencia», apunta a que la consultora de Angeletti actuaría como nexo en contratos que involucran herramientas de comunicación directa y seguimiento. Tras la ratificación de la denuncia, la legisladora lanzó duras críticas hacia la gestión actual, acusando a sectores del Gobierno de adoptar prácticas de la «casta» que prometieron combatir.

Este nuevo frente judicial se suma a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya enfrenta Manuel Adorni. En ese expediente se analiza, entre otros puntos, la compra de una propiedad en el country Indio Cuá a nombre de su esposa, la cual no fue declarada inicialmente ante la Oficina Anticorrupción. Con estas nuevas medidas, la Justicia busca establecer si existió un conflicto de intereses o negociaciones incompatibles con la función pública en el seno de la Jefatura de Gabinete.