Las estadísticas oficiales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, revelaron un escenario alarmante: durante 2025, las denuncias por violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes aumentaron un 57% en comparación con el año anterior. En total, más de 5.000 menores resultaron afectados por situaciones de maltrato dentro de sus hogares.

El informe destaca que el crecimiento es exponencial si se observa la serie histórica reciente, pasando de 3.182 casos en 2024 a superar los 5.000 en el último período relevado.

Tipos de violencia y grupos de riesgo

El análisis detallado del organismo judicial permite identificar los patrones de agresión más comunes en el entorno familiar:

• Violencia psicológica y física: Si bien la agresión psicológica es la más frecuente, la violencia física mostró un incremento preocupante, afectando a casi el 40% de los menores denunciantes.
• Edades vulnerables: El grupo con mayor cantidad de registros es el de niños de entre 6 y 10 años, seguido por la primera infancia (0 a 5 años).
• Cuestión de género: En la adolescencia, las mujeres resultan ser las principales víctimas, manteniendo una tendencia que se acentúa a medida que aumenta la edad.

El entorno familiar como foco de conflicto

Uno de los datos más críticos es que la gran mayoría de los hechos ocurre dentro del círculo íntimo. El 80% de los casos corresponden a vínculos parentales, con una predominancia de varones como principales agresores. La magnitud del problema se refleja también en el volumen de personas denunciadas, que saltó de 3.484 en 2024 a más de 10.900 en 2025.

Proyección para 2026

Los primeros indicadores del año en curso no muestran signos de desaceleración. Solo en el primer mes de 2026 se realizaron más de 1.100 evaluaciones de riesgo, de las cuales el 26% fueron categorizadas como de riesgo «alto o muy alto».

Estas cifras se conocen en un contexto de creciente demanda social por políticas de protección efectivas y refuerzan la importancia de jornadas de capacitación, como las que realizan los municipios, para que la comunidad y las instituciones educativas puedan detectar y actuar ante estas señales de alerta de manera temprana.