La diputada nacional Marcela Pagano presentó este jueves una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, tras la decisión del Ejecutivo de restringir el acceso de los periodistas acreditados a la Casa de Gobierno. La legisladora y excomunicadora calificó la medida como un «atropello institucional» y un avance peligroso contra la libertad de prensa en el país.

La denuncia surge en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y los trabajadores de prensa, marcando un quiebre significativo en la relación de la diputada con la administración central.

Fundamentos de la denuncia

Pagano detalló los motivos que la llevaron a judicializar la medida, haciendo hincapié en el carácter público de las instituciones:

• Titularidad de la sede: La legisladora sostuvo que la Casa Rosada «no es propiedad privada» y que ningún funcionario tiene la facultad discrecional de decidir qué medios pueden ingresar a cumplir sus funciones.
• Gravedad institucional: Calificó el hecho como «inédito» desde el retorno de la democracia en 1983, advirtiendo que filtrar el acceso a la prensa es una herramienta para silenciar voces disidentes.
• Derecho a la información: Para Pagano, prohibir el trabajo de los acreditados vulnera el derecho de la sociedad a estar informada sobre los actos de gobierno.

Un mensaje de resistencia

A través de sus canales oficiales, la diputada vinculó el accionar oficialista con «momentos oscuros» de la historia argentina, marcados por la censura estatal. El cierre de su comunicado fue una declaración directa de confrontación: «NO NOS VAN A CALLAR», enfatizó en mayúsculas.

Repercusiones políticas

La medida generó un fuerte impacto en el Congreso y en las organizaciones gremiales de prensa, que ya venían alertando sobre el deterioro de las condiciones laborales y el hostigamiento digital hacia los cronistas. La justicia deberá ahora determinar si la restricción de acceso configura un delito de abuso de autoridad o una violación a tratados internacionales de libertad de expresión con jerarquía constitucional.

Esta acción judicial de Pagano profundiza la grieta dentro de los sectores que inicialmente apoyaron la gestión, mientras el Gobierno aún no ha emitido un comunicado oficial justificando los criterios técnicos o de seguridad que motivaron el cierre de las puertas a los periodistas acreditados.