El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó este jueves su enérgico rechazo ante la decisión del Gobierno Nacional de impedir el ingreso de los cronistas acreditados a la Casa Rosada. La medida, que incluyó la eliminación masiva de las huellas dactilares de los periodistas del sistema de acceso, fue calificada por la organización como un hecho de «extrema gravedad institucional» y una restricción directa a la libertad de expresión.

La restricción se ejecutó de manera intempestiva y, según denunciaron trabajadores de prensa, representa una situación inédita desde el retorno de la democracia en 1983.

Cierre de la Sala de Periodistas y conflicto con Casa Militar

La decisión del Ejecutivo se originó tras una denuncia penal presentada por la Casa Militar, organismo dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Los puntos clave del conflicto son:

• Denuncia por espionaje: El general de Brigada, Sebastián Ibáñez, denunció a periodistas de la señal Todo Noticias por la presunta divulgación de secretos militares y políticos tras la difusión de grabaciones realizadas en los pasillos internos de la sede gubernamental.
• Bloqueo de accesos: Bajo el argumento de una «investigación por razones de seguridad nacional», el Gobierno decidió no renovar las acreditaciones y dar de baja los permisos de ingreso al edificio de todos los medios de comunicación.
• Sala inhabilitada: Los cronistas que arribaron a sus puestos de trabajo habituales se encontraron con la imposibilidad de ingresar, siendo informados de la medida directamente en las rejas de acceso.

Repercusiones en el ámbito periodístico

La periodista Liliana Franco fue una de las primeras en alertar sobre la situación, confirmando que la Sala de Prensa quedó cerrada por tiempo indeterminado. FOPEA instó a las autoridades a revisar la medida de forma inmediata, advirtiendo que el libre ejercicio del periodismo es un pilar fundamental del sistema democrático que no puede ser condicionado por investigaciones administrativas.

Hasta el momento, no ha existido un comunicado oficial por parte de la vocería presidencial que aclare cómo continuará el régimen de acreditaciones o si se habilitará un espacio alternativo para que la prensa pueda cubrir las actividades del Poder Ejecutivo. La medida profundiza el clima de tensión entre el gobierno de Javier Milei y los profesionales de la comunicación.