El Poder Ejecutivo nacional oficializó este viernes la promulgación de la Ley N° 27.804, que introduce modificaciones estructurales al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares en todo el territorio argentino. La medida, formalizada mediante el Decreto 271/2026 en el Boletín Oficial, se produce dos semanas después de su sanción en el Congreso con un respaldo de 137 votos a favor.
El nuevo marco legal redefine el alcance de la preservación de estas reservas estratégicas de agua dulce, otorgando un rol preponderante a las administraciones locales.
Federalización de los criterios de protección
El cambio más significativo de la normativa es la transferencia de competencias hacia las jurisdicciones provinciales, modificando el esquema centralizado que regía desde 2010:
- Facultades provinciales: Cada provincia tendrá ahora la potestad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares califican para ser protegidos dentro de su territorio.
- Fin de la protección rígida: A diferencia de la ley anterior, que establecía una protección uniforme y estricta, el nuevo texto permite que las áreas que no sean catalogadas bajo los criterios locales específicos queden fuera del amparo de esta ley nacional.
Contexto legislativo y político
La reforma fue impulsada por el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados, logrando una victoria contundente en el Poder Legislativo el pasado 8 de abril.
- Fundamentos del Gobierno: El Ejecutivo sostiene que esta modificación respeta el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, tal como lo establece la Constitución Nacional, y busca dinamizar la actividad económica en zonas cordilleranas.
- Debate y resistencia: La normativa contó con 111 votos negativos y tres abstenciones, reflejando la preocupación de sectores ambientalistas y de la oposición, quienes advierten sobre el riesgo de desprotección de fuentes de agua dulce críticas frente al avance de proyectos extractivos.
Implicancias para la industria y el ambiente
Con la entrada en vigencia de esta ley, se abre una nueva etapa para el desarrollo de proyectos en zonas de alta montaña:
- Minería y Energía: Las empresas del sector minero consideran que la delegación de facultades a las provincias otorgará mayor previsibilidad jurídica a las inversiones en áreas antes restringidas por la delimitación periglaciar nacional.
- Inventario Nacional: Se espera que las provincias inicien sus propios procesos de relevamiento técnico para actualizar el inventario de cuerpos de hielo bajo los nuevos parámetros locales.
La promulgación de la Ley de Glaciares marca un giro fundamental en la política ambiental argentina, priorizando la autonomía provincial y la gestión local de los recursos naturales en un contexto de creciente demanda de inversiones en la zona andina.