La Oficina Anticorrupción (OA) dispuso una prórroga para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al período fiscal 2025. A través de la Resolución 3/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el organismo extendió el plazo de vencimiento hasta el 31 de julio de 2026.
La medida alcanza a todos los funcionarios públicos obligados por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, quienes deben reportar sus bienes al inicio, durante y al finalizar su gestión.
Motivos de la prórroga: La dependencia fiscal
La decisión de postergar la fecha original, que estaba fijada para el 30 de mayo, responde a una cuestión técnica y administrativa:
- Sincronización de datos: Los funcionarios necesitan contar con la información de sus declaraciones de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales para completar el formulario patrimonial.
- Plazos de la Agencia de Control: Dado que la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ex AFIP) suele habilitar estos datos recién en la primera quincena de junio, resulta materialmente imposible para los obligados cumplir con el trámite en mayo.
- Habilitación de formularios: Sin la carga previa de la información fiscal, los sistemas no permiten la correcta validación de la evolución patrimonial.
Transparencia y control
La titular de la OA, Gabriela Zangaro, subrayó que el objetivo de la resolución es garantizar que la información presentada sea fidedigna y completa. La Declaración Jurada es un instrumento clave para:
- Controlar la evolución de los bienes de los funcionarios durante su paso por el Estado.
- Prevenir conflictos de interés mediante la detección temprana de vínculos comerciales o financieros incompatibles con el cargo.
- Lucha contra la corrupción, permitiendo el seguimiento de incrementos patrimoniales no justificados.
La resolución también instruye a las áreas de Recursos Humanos de todos los organismos públicos a difundir el nuevo cronograma para asegurar que ningún funcionario quede en falta por el cambio de fecha. Con este nuevo calendario, el Gobierno busca evitar una oleada de presentaciones fuera de término derivadas de la demora en los aplicativos fiscales nacionales.