La delegación de PAMI en Santiago del Estero se encuentra nuevamente en el centro de una controversia institucional. Nuevos trascendidos sugieren la persistencia de prácticas vinculadas al pedido de aportes económicos a empleados y funcionarios con fines partidarios, reavivando una denuncia que ya había sacudido al organismo durante 2024.

El conflicto surge en un contexto de extrema sensibilidad, donde los jubilados denuncian crecientes dificultades para acceder a medicamentos y prestaciones básicas, mientras la estructura política local de La Libertad Avanza es señalada por utilizar presuntamente los salarios públicos como caja de financiamiento.

El antecedente de Marcela Coronel

La situación actual no es nueva. En 2024, la médica y exdirectora de la UGL local, Marcela Coronel, denunció públicamente que referentes del espacio libertario le exigían el 25% de su sueldo para sostener gastos de funcionamiento político (alquileres, insumos de oficina y servicios).

Coronel, quien ocupó el cargo entre enero y mayo de ese año, documentó transferencias superiores a los 600 mil pesos realizadas a distintos CBU. Según su testimonio, la relación se quebró cuando comenzó a exigir transparencia y respaldo estatutario para dichos aportes, recibiendo en respuesta mensajes intimidatorios antes de ser desplazada de su función.

Nuevas denuncias y el silencio de la conducción

Fuentes de confianza indican que este mecanismo de «aportes obligatorios» podría haber continuado bajo nuevas modalidades. Se señala que trabajadores vinculados políticamente al oficialismo nacional estarían siendo presionados para ceder parte de sus haberes para cubrir desde alquileres partidarios hasta desayunos de funcionarios.

Ante este escenario, la mirada se posa sobre Luis Horacio Ochoa, actual titular de la Dirección Ejecutiva Local designado en octubre de 2024. Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial que aclare:

• Si existen pedidos de dinero a empleados del organismo.
• Bajo qué marco legal o voluntario se realizan estos aportes.
• Qué garantías tienen los trabajadores de no sufrir persecución laboral si deciden no aportar.

El contraste con la realidad de los afiliados

La gravedad del caso se profundiza al contrastarla con la misión social del PAMI. Mientras se investiga el destino de estos fondos internos, los afiliados en Santiago del Estero enfrentan un panorama crítico:

• Restricciones en medicamentos: A pesar de los programas de cobertura del 100% para patologías crónicas (diabetes, oncología, HIV), las auditorías y trámites se han vuelto más rigurosos, demorando el acceso a tratamientos vitales.
• Déficit prestacional: Los jubilados reportan esperas prolongadas para turnos y prácticas médicas, en un sistema que prioriza la austeridad fiscal.

Una demanda de transparencia

La utilización de cargos públicos para el sostenimiento de estructuras partidarias es una práctica que erosiona la confianza institucional. El PAMI, sostenido por fondos de la seguridad social, tiene como única prioridad la salud de los adultos mayores.

El silencio de la conducción local y nacional ante estos trascendidos no solo alimenta las sospechas de una «caja política», sino que constituye una herida abierta en la gestión de la obra social más grande del país en Santiago del Estero. La sociedad y, fundamentalmente, los jubilados, aguardan una explicación que desvincule definitivamente la atención sanitaria de la militancia política.