Este martes, una multitudinaria manifestación recorrió las principales ciudades del país en lo que representó la quinta Marcha Federal Universitaria bajo la actual gestión nacional. Estudiantes, docentes y rectores se unieron para denunciar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el profundo deterioro del sistema científico y académico nacional.

El acto central tuvo lugar en Plaza de Mayo, donde se leyó un documento consensuado que alerta sobre el riesgo de parálisis total de las universidades públicas debido al ajuste presupuestario.

Puntos críticos del reclamo

Las organizaciones que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios del sector centraron sus denuncias en tres ejes fundamentales:

• Desacato a la ley: Señalaron que el Ejecutivo ignora los artículos 5 y 6 de la normativa vigente, los cuales establecen mecanismos para la actualización automática de las partidas presupuestarias frente a la inflación.
• Emergencia salarial: Los sindicatos advirtieron que el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios cayó a niveles históricos, lo que está provocando una fuga de investigadores y profesionales hacia el sector privado o el exterior.
• Gastos de funcionamiento: Muchas instituciones denunciaron que los fondos recibidos no alcanzan para cubrir servicios esenciales como luz, gas, seguridad y mantenimiento básico.

Cruce de posturas entre la Academia y el Ejecutivo

Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras casas de altos estudios, se hizo hincapié en que la movilización no tiene un tinte partidario, sino que responde a una necesidad de supervivencia institucional. «Defendemos el acceso a la educación superior como un derecho fundamental», indicaron referentes académicos.

En contrapartida, desde el Gobierno nacional mantuvieron una posición firme y crítica:

• Cuestionamiento político: Voceros oficiales afirmaron que la protesta está «montada sobre mentiras» y que tiene fines políticos ajenos a la educación.
• Auditorías: El Ejecutivo sostiene que las partidas para el funcionamiento han sido garantizadas y pone el foco en la necesidad de auditar el uso de los fondos públicos por parte de las universidades.

Un escenario de incertidumbre

La jornada concluyó con la advertencia de que, sin una recomposición real del presupuesto y de los salarios, el conflicto continuará escalando. La comunidad educativa sostiene que el «ahogo financiero» actual pone en serio peligro la continuidad del ciclo lectivo y el desarrollo de proyectos de investigación científica que son claves para el país.